La Administración del presidente Donald Trump anunció una investigación contra el estado de California por permitir el traslado de mujeres transgénero a cárceles femeninas, en medio de señalamientos sobre posibles riesgos para otras reclusas y presuntas violaciones constitucionales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que también indagará al estado de Maine por situaciones similares. En el comunicado, la fiscal general Pam Bondi sostuvo que “mantener a los hombres fuera de las cárceles de mujeres no solo es de sentido común, sino que es una cuestión de seguridad y derechos constitucionales”.
Las autoridades federales argumentan que en California existen denuncias de agresiones sexuales, violación, voyeurismo y un ambiente de intimidación en centros penitenciarios femeninos, presuntamente vinculados a la presencia de personas trans trasladadas desde prisiones masculinas.
El marco legal de esta política se remonta a la Ley del Senado 132, promulgada en 2021 por el gobernador Gavin Newsom, la cual permite a personas transgénero, no binarias e intersexuales solicitar su traslado a prisiones acordes con su identidad de género.
No obstante, cifras del sistema penitenciario estatal muestran una aplicación limitada de la norma: de más de mil solicitudes de traslado de prisiones masculinas a femeninas, solo 47 han sido aprobadas, mientras que 132 fueron rechazadas. En el caso inverso, de centros femeninos a masculinos, siete solicitudes han sido aprobadas y 12 denegadas.
Esta investigación se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la administración Trump desde 2025 en relación con las personas transgénero, incluida una orden ejecutiva que reconoce únicamente dos sexos en documentos oficiales y restricciones en ámbitos como el servicio militar.
El tema ha generado un amplio debate en Estados Unidos sobre derechos civiles, identidad de género y seguridad en el sistema penitenciario.
