Una reforma al Código Penal para el Estado de Querétaro busca fortalecer las sanciones contra actos de corrupción, despojo y abuso relacionados con el patrimonio inmobiliario y los recursos hídricos.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 220 Bis para establecer penas más severas contra quienes participen en conductas vinculadas con el denominado “cártel inmobiliario”, así como en actos ilícitos relacionados con el uso y manejo del agua.
Entre las sanciones propuestas se contemplan penas de 15 a 50 años de prisión para los delitos que así correspondan, además de castigos por despojo de tierras e inmuebles y por el uso ilícito o abuso del agua.
La propuesta también considera sancionar la manipulación de permisos, catastros y autorizaciones de uso de suelo, así como establecer multas, destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen en estas conductas.
De acuerdo con la iniciativa, también se busca precisar la responsabilidad de funcionarios que intervengan, faciliten o sean cómplices de actos que afecten el patrimonio inmobiliario o los recursos hídricos.
La reforma plantea reforzar las herramientas legales para proteger el patrimonio de las familias, garantizar el uso legal del agua y evitar que las instituciones públicas sean utilizadas para favorecer intereses particulares.
El proyecto busca establecer un marco jurídico con mayores sanciones para prácticas que, de acuerdo con sus promotores, pueden afectar el patrimonio, el desarrollo urbano y el acceso al agua en Querétaro.
