Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos y presentado ante una jueza del Distrito Sur de Nueva York, tras ser acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento no se ha precisado si Mérida Sánchez fue arrestado por autoridades estadounidenses o si se entregó voluntariamente.
El exfuncionario forma parte del grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados el mes pasado por el Gobierno de Estados Unidos de colaborar con actividades de tráfico de drogas y de mantener presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
El Gabinete de Seguridad de México informó que Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el pasado lunes por la garita entre Hermosillo, Sonora, y Nogales, Arizona, y desde entonces permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Asimismo, señaló que el Gobierno mexicano mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.
De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, Mérida Sánchez fue trasladado de Arizona a Nueva York para comparecer este viernes ante la jueza Katherine Polk Failla, quien fijó para el próximo 1 de junio la siguiente audiencia.
La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que, mientras ocupó el cargo de secretario de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024, presuntamente recibió sobornos de Los Chapitos y les proporcionó información anticipada sobre operativos de las autoridades para que pudieran mover drogas y equipo antes de los cateos.
Entre los señalados por Washington también figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de haber brindado protección a Los Chapitos a cambio de apoyo político en las elecciones estatales de 2021.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y el pasado 1 de mayo solicitó licencia temporal al cargo, argumentando que busca facilitar las investigaciones y demostrar que no cometió delitos.
El caso ha generado tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum ha señalado que México recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra los acusados, aunque sostuvo que hasta ahora no existen pruebas suficientes para proceder judicialmente en territorio mexicano.
La mandataria reiteró que su administración no protegerá a ninguna persona responsable de delitos, pero insistió en que Estados Unidos debe presentar evidencias sólidas, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones para determinar si las acusaciones tienen sustento.
