El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado adelantó que se analiza una iniciativa para sancionar la obstrucción ilícita de la movilidad en carreteras y vialidades estratégicas de Querétaro, bajo el argumento de proteger la economía, la seguridad y el libre tránsito de terceros afectados por bloqueos.
La propuesta surge en un contexto nacional donde las manifestaciones y cierres carreteros se han convertido en mecanismos recurrentes de presión política y social, particularmente ante conflictos laborales, demandas de seguridad o exigencias comunitarias. Sin embargo, el anuncio también abre un debate jurídico y constitucional sobre los límites entre garantizar la movilidad y restringir el derecho a la protesta.
El legislador argumentó que actualmente existe una omisión del Gobierno Federal para aplicar la legislación vigente en materia de ataques a las vías generales de comunicación, delito contemplado en el Código Penal Federal, particularmente cuando se afectan carreteras federales, puentes o infraestructura estratégica.
“Hoy vemos carreteras tomadas durante horas o incluso días completos, afectando el traslado de trabajadores, estudiantes, turistas, mercancías, ambulancias y servicios esenciales, mientras la autoridad federal simplemente permanece ausente”, sostuvo.
No obstante, especialistas en derecho constitucional han advertido en distintos debates nacionales que cualquier reforma estatal en esta materia enfrenta límites importantes establecidos por la Constitución mexicana y por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en lo relacionado con la libertad de expresión, reunión y manifestación.
El artículo 6 y el artículo 9 constitucional reconocen el derecho a la libre expresión y asociación, mientras que diversos criterios judiciales han señalado que las protestas pueden generar molestias o afectaciones temporales sin que ello justifique automáticamente una sanción penal. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el uso del derecho penal contra manifestaciones debe ser excepcional y proporcional.
Aun así, también existe un argumento legal a favor de regular ciertos bloqueos cuando estos impliquen riesgos graves a derechos de terceros, especialmente en casos donde se impida el acceso a hospitales, servicios de emergencia, suministro de alimentos o actividades esenciales. Bajo esa lógica, varios estados del país han intentado tipificar conductas relacionadas con bloqueos, aunque algunas reformas han enfrentado acciones de inconstitucionalidad o críticas de organismos civiles.
El diputado aseguró que la intención de la eventual iniciativa no es criminalizar la protesta social, sino impedir bloqueos prolongados que paralicen actividades económicas o comprometan la seguridad pública.
“No podemos permitir que los queretanos queden indefensos ante bloqueos ilegales tolerados por la inacción del Gobierno Federal. La libertad de manifestación no puede convertirse en un permiso para paralizar carreteras, afectar hospitales, detener el comercio o poner en riesgo vidas humanas”, afirmó.
El legislador señaló además que países como Alemania, Francia y España cuentan con regulaciones para sancionar bloqueos que afecten infraestructura estratégica. Sin embargo, expertos recuerdan que en esos países las restricciones suelen ir acompañadas de protocolos específicos de mediación, intervención policial regulada y protección judicial para evitar abusos contra manifestantes.
En México, uno de los principales retos jurídicos será definir con claridad qué se considerará una “obstrucción ilícita”, bajo qué condiciones se aplicaría una sanción y cómo evitar que una redacción ambigua termine utilizándose contra protestas pacíficas o movilizaciones ciudadanas legítimas.
La discusión también ocurre en un escenario político sensible, donde diversos sectores sociales han recurrido a cierres carreteros ante la falta de respuesta institucional. Organizaciones civiles han señalado anteriormente que endurecer penas sin fortalecer mecanismos de diálogo y atención gubernamental podría escalar conflictos sociales en lugar de resolverlos.
Hasta el momento, la propuesta anunciada continúa en fase de análisis y aún no ha sido presentada formalmente ante el pleno del Congreso local.
