El gobierno estatal anunció un conjunto de medidas para reforzar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, centradas en restricciones administrativas, control en contrataciones públicas y ajustes normativos.
El gobernador Mauricio Kuri González respaldó la agenda estatal orientada a la protección de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en garantizar el pago de pensiones alimentarias mediante mecanismos de control institucional.
La oficial mayor Linda Luz Luna Rangel informó que, desde el 6 de mayo, queda prohibida la contratación en el Poder Ejecutivo de personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios. La medida se aplicará también a prestadores de servicios por honorarios, mediante la verificación con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Entre los ejes operativos de la agenda se incluyen:
- Contratación pública: exclusión de deudores alimentarios como proveedores o contratistas del gobierno estatal.
- Control administrativo: restricción en la expedición y renovación de licencias de conducir a personas registradas como deudoras.
- Programas sociales: alineación de reglas de operación para evitar que deudores accedan a apoyos, subsidios o donativos.
- Armonización normativa: ajustes legales para reforzar la aplicación de estas disposiciones.
- Atención institucional: asesoría gratuita en materia de obligaciones alimentarias a través de la Secretaría de las Mujeres.
- Difusión: campañas informativas sobre el cumplimiento de la agenda.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri señaló que en el estado se registran más de 20 mil juicios anuales por pensión alimentaria, mientras que el padrón de deudores contabiliza 208 personas (201 hombres y siete mujeres), con solo seis casos resueltos por pago.
Indicó que, pese a reformas federales previas, el registro ha tenido baja efectividad, por lo que impulsó 14 instrumentos legislativos (ocho iniciativas y seis puntos de acuerdo), con resultados limitados a nivel nacional.
El planteamiento estatal busca incrementar la coerción administrativa para forzar el cumplimiento de obligaciones alimentarias y posicionar a Querétaro como referencia en la aplicación de este tipo de medidas.
