La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), informó la aplicación de sanciones contra 27 personas servidoras públicas por diversas irregularidades detectadas en dependencias federales, entre las que destacan inhabilitaciones de hasta 10 años y multas que en conjunto superan los 777 millones de pesos.
De acuerdo con la información oficial, las resoluciones derivan de investigaciones realizadas por órganos internos de control y unidades de responsabilidad administrativa en distintas instituciones federales, donde se acreditaron faltas graves y no graves relacionadas con el manejo de recursos públicos, abuso de funciones y conductas contrarias al servicio público.
Entre los casos más relevantes se encuentra el de cuatro exfuncionarios vinculados con el entonces organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, actualmente Alimentación para el Bienestar, quienes fueron inhabilitados por una década y deberán responder solidariamente por una sanción económica de 777.8 millones de pesos. Las autoridades determinaron que incurrieron en un uso indebido de recursos destinados al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y al Programa de Fertilizantes durante 2019.
Asimismo, se impusieron sanciones en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Entre ellas figura la inhabilitación de un trabajador de la CFE por recibir dinero a cambio de eliminar adeudos por consumo eléctrico, así como medidas administrativas contra personal del IMSS y del Instituto Nacional de Migración por conductas consideradas irregulares.
Por otra parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó sanciones por faltas no graves en organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Infonacot, la Secretaría de Economía y el Sistema Nacional DIF.
Las medidas aplicadas incluyen suspensiones temporales, destituciones, amonestaciones públicas e inhabilitaciones por periodos que van desde algunos días hasta varios meses, dependiendo de la naturaleza de cada caso.
Las autoridades federales señalaron que todas las resoluciones fueron emitidas con base en criterios de legalidad, proporcionalidad y gravedad de las conductas acreditadas. También recordaron que las personas sancionadas cuentan con mecanismos legales para impugnar las determinaciones correspondientes.
Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y exhortó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades en el servicio público mediante los canales oficiales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones gubernamentales.
