Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 29 bultos que contenían aproximadamente mil 360 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína durante un operativo de vigilancia realizado en aguas del Pacífico mexicano, informaron autoridades federales.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), el hallazgo ocurrió durante patrullajes marítimos en la franja costera cercana a Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero.

Las autoridades estimaron que el cargamento tendría un valor aproximado de 283 millones de pesos y que de él podrían derivarse cerca de 2.6 millones de dosis de la droga. No se reportaron personas detenidas durante la operación.

Los paquetes fueron trasladados al puerto de Acapulco mediante una aeronave de la Armada de México y quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes y la determinación oficial de su peso ministerial.

Según la información difundida por el Gobierno federal, el aseguramiento se suma a las acciones realizadas durante la actual administración federal en materia de combate al narcotráfico. Las autoridades señalaron que desde octubre de 2024 se han decomisado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, cifra a la que se incorporará este aseguramiento una vez concluidos los procedimientos periciales.

El decomiso ocurre en un contexto de cooperación y presión internacional para fortalecer las acciones contra el tráfico de drogas. En los últimos meses, la relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada por intercambios relacionados con estrategias de seguridad y combate a organizaciones criminales.

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra diversos funcionarios del estado de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Ante estos señalamientos, el Gobierno de México ha sostenido que cualquier procedimiento legal debe sustentarse en pruebas suficientes y seguir los cauces institucionales correspondientes.

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