Cientos de presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha enfrentaron la cuarta jornada de una inédita audiencia masiva en El Salvador, en la que más de 400 integrantes son procesados desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel insignia de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
El proceso judicial, que por primera vez permitió el acceso a la prensa, se desarrolla mediante un sistema en el que los acusados son trasladados desde sus celdas para comparecer frente a pantallas, conectados con el juzgado en San Salvador bajo estrictas medidas de seguridad.
De acuerdo con autoridades penitenciarias, entre los procesados se encuentran altos mandos de la estructura criminal, incluidos “ranfleros”, corredores y líderes de clica, señalados de dirigir operaciones delictivas durante años.
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que entre los acusados figura Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, quien también es requerido por la justicia de Estados Unidos.
Los imputados enfrentan cargos por delitos graves, incluidos al menos 86 asesinatos que detonaron en marzo de 2022 el régimen de excepción, además de su presunta responsabilidad en la muerte de 80 policías y más de 47 mil crímenes cometidos entre 2012 y 2022.
Según la Fiscalía, los cabecillas autorizaban homicidios contra rivales, fuerzas de seguridad y civiles, así como ataques a instituciones públicas.
El presidente Bukele ha comparado este proceso con los juicios de la Juicios de Núremberg, destacando su carácter histórico en la lucha contra las pandillas.
El modelo de juicio masivo fue habilitado tras reformas al Código Penal, permitiendo procesar a numerosos acusados en una sola causa e incluso sumar nuevos imputados conforme avance el procedimiento.
Este proceso se enmarca en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, implementado tras una ola de violencia que dejó más de 80 asesinatos en tres días. Desde entonces, se han realizado más de 91 mil detenciones.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas medidas, denunciando más de 6,400 posibles violaciones, más de 500 muertes bajo custodia estatal y advirtiendo sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
A pesar de las críticas, la estrategia de seguridad ha mantenido altos niveles de aprobación entre la población salvadoreña y ha sido un pilar en la consolidación política del gobierno de Bukele.
