El Parlamento de Bolivia inició este miércoles la sesión para discutir una eventual ampliación por 90 días del estado de excepción decretado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, en medio de advertencias de sectores sociales sobre nuevas movilizaciones contra las medidas económicas del Ejecutivo.
La sesión comenzó a las 16:30 horas locales con la lectura de las normas que regulan el estado de excepción. Posteriormente, los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, presentaron un informe sobre las acciones implementadas desde el inicio de la medida, el pasado 20 de junio.
Oviedo defendió ante los legisladores la ampliación del estado de excepción como una medida para proteger la vida de los ciudadanos y la economía del país, además de garantizar derechos como la educación, el comercio, el trabajo y el libre tránsito.
Justiniano señaló que la conflictividad social disminuyó considerablemente desde la aplicación de la medida, aunque no desapareció. De acuerdo con el ministro, durante los primeros dos meses se registraron 72 eventos de conflictividad.
El funcionario indicó que el nivel de riesgo no es uniforme en todo el país y que las principales zonas de preocupación se encuentran en el departamento de Santa Cruz, además de las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.
Entre mayo y junio, organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) realizaron bloqueos carreteros durante siete semanas, principalmente en el occidente y centro del país. Las movilizaciones también recibieron respaldo de sectores vinculados con el expresidente Evo Morales.
Los bloqueos provocaron problemas en el suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. El conflicto dejó al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas por falta de atención médica oportuna, además de pérdidas económicas estimadas en más de 3 mil millones de dólares.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el Gobierno decretó el estado de excepción el 20 de junio con una vigencia inicial de 90 días para hacer frente a los bloqueos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la semana pasada al Gobierno y a los sectores sociales priorizar el diálogo, evitar nuevos bloqueos y fortalecer la convivencia democrática.
Sin embargo, el dirigente de la COB, Mario Argollo, sostuvo este miércoles que no existe justificación legal para ampliar la medida, al considerar que durante los últimos tres meses se ha mantenido la tranquilidad en Bolivia.
