Querétaro, Qro. El diputado Eric Silva Hernández, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 de la LXI Legislatura, encabezó la presentación del informe de resultados del Parlamento Abierto sobre la nueva Ley de Aguas de Querétaro, ejercicio que reunió a legisladores, especialistas, activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Durante el encuentro, Silva Hernández destacó que el proceso permitió integrar propuestas ciudadanas y aportaciones técnicas, científicas y académicas para construir una legislación que responda a las necesidades actuales y futuras de la entidad en materia hídrica.
“El objetivo es contar con una ley que verdaderamente esté al servicio de todas y todos los queretanos”, expresó el legislador, quien además reiteró su compromiso de continuar socializando la iniciativa mediante foros regionales en distintas zonas del estado.
Afirmó que las conclusiones obtenidas en los parlamentos abiertos y en los foros ciudadanos serán defendidas durante el análisis legislativo para que se reflejen en el dictamen que revisarán las Comisiones Unidas encargadas del tema. Asimismo, señaló que se mantendrán abiertos los espacios de diálogo y participación durante todo el proceso legislativo.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, subrayó la importancia de iniciar una discusión profunda sobre la política hídrica estatal ante el acelerado crecimiento demográfico que registra Querétaro.
Indicó que el incremento poblacional previsto para los próximos años, impulsado entre otros factores por proyectos de infraestructura como el tren México-Querétaro, obliga a planear de manera anticipada la gestión del agua y los servicios metropolitanos.
La diputada Andrea Tovar Saavedra señaló que los trabajos del Parlamento Abierto permitieron escuchar diversas voces que servirán como insumo para la elaboración de una legislación que garantice el derecho humano al agua, la protección ambiental y la sustentabilidad de los recursos hídricos.
Entre los principales desafíos identificados mencionó el crecimiento poblacional, el estrés hídrico, la contaminación de fuentes de abastecimiento y las sequías cada vez más frecuentes.
Principales resultados
En la mesa sobre servicios públicos de agua y saneamiento se informó que el 83.9 por ciento de los participantes se manifestó a favor de terminar con la privatización de los servicios de agua potable, mientras que el 12.9 por ciento consideró necesaria una mayor regulación y auditoría, y el 3.2 por ciento se pronunció en contra.
Respecto al tema de agua limpia y salud pública, el 43.8 por ciento respaldó prohibir el uso de aguas residuales tratadas para consumo humano; el 37.5 por ciento propuso permitirlo únicamente bajo estándares más estrictos; el 9.4 por ciento se manifestó en contra de la prohibición y otro 9.4 por ciento planteó permitirlo temporalmente mientras se desarrolla una estrategia de reúso futuro.
En materia de costos, tarifas y participación ciudadana, las conclusiones incluyeron propuestas para transparentar las finanzas de la Comisión Estatal de Aguas, fortalecer la representación regional y de grupos vulnerables en los órganos ciudadanos, revisar subsidios y fórmulas tarifarias, incorporar el costo ecológico en los cobros y limitar nuevas industrias de alto consumo hídrico en zonas con problemas de disponibilidad.
Por otro lado, la mesa de protección ambiental y cultura del agua planteó fortalecer el enfoque de gestión por cuencas, incorporar estudios obligatorios de infiltración y recarga hídrica en los procesos de ordenamiento territorial, así como prohibir cambios de uso de suelo en zonas estratégicas para la recarga de acuíferos.
En la presentación del informe participaron también representantes de organismos nacionales e internacionales especializados en derechos humanos, calidad del agua, gestión de cuencas y conservación ambiental, quienes respaldaron la importancia de construir una legislación con amplia participación ciudadana y enfoque de sustentabilidad.
