Un tribunal de segunda instancia en España confirmó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá enfrentar un juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque descartó una acusación adicional por corrupción en los negocios.

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió varios recursos presentados por la defensa de Gómez y ratificó, en lo esencial, la decisión del juez instructor que investigó el caso durante dos años. El juicio será celebrado ante un jurado popular en una fecha que aún no ha sido fijada.

Descartan un delito

En su resolución, el tribunal determinó que no existen “indicios suficientemente verosímiles” para sostener la acusación por corrupción en los negocios, al considerar que no quedó acreditado que Gómez hubiera recibido beneficios indebidos relacionados con la actividad de una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El caso judicial se centra en la creación y funcionamiento de esa cátedra, así como en el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para favorecer intereses privados.

Levantan medidas cautelares

La Audiencia Provincial también dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas durante la investigación.

En consecuencia, Begoña Gómez recuperará su pasaporte y ya no tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, al estimar el tribunal que no existe un riesgo real de fuga.

Presión política sobre el Gobierno

La investigación contra la esposa de Pedro Sánchez forma parte de una serie de procesos judiciales que afectan a personas cercanas al presidente del Gobierno español.

Entre ellos figura el caso de su hermano, quien recientemente fue condenado a una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un caso relacionado con la obtención de un puesto de trabajo.

Asimismo, antiguos colaboradores del mandatario, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, enfrentan procesos judiciales por presuntos casos de corrupción.

Estos procedimientos han incrementado la presión política sobre el Gobierno de Sánchez, que actualmente ejerce con una mayoría parlamentaria limitada.

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