La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país los criterios de investigación, las sanciones y los mecanismos de atención a las víctimas.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la propuesta busca fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres y garantizar la investigación adecuada de los casos para combatir la impunidad.
Explicó que la iniciativa pretende unificar la actuación de las fiscalías estatales para que el delito de feminicidio sea investigado bajo los mismos criterios en todo el país, evitando su clasificación incorrecta como suicidio u otros delitos y fortaleciendo la persecución penal de los responsables.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que la iniciativa homologa el tipo penal al establecer que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
La propuesta incorpora diez circunstancias para acreditar las razones de género, entre ellas la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delitos motivados por estereotipos o prejuicios y contextos de asimetría de poder. Además, contempla penas de 50 a 70 años de prisión.
También establece 19 agravantes que incrementarían la pena hasta en una mitad, entre ellas cuando la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o persona migrante, así como cuando el responsable sea servidor público o existan agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas o inflamables.
La iniciativa prevé que las personas sentenciadas por feminicidio pierdan derechos sucesorios, la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia de menores, además de ser destituidas e inhabilitadas para desempeñar cargos públicos cuando corresponda. Asimismo, propone que el delito, su sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles y que no procedan beneficios como la conmutación de penas, la libertad condicionada o la amnistía.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la propuesta establece la obligación de investigar los feminicidios con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis del contexto de violencia, preservación adecuada de evidencias y coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
La iniciativa también plantea que las fiscalías especializadas den seguimiento continuo a las investigaciones desde su inicio hasta la ejecución de las sanciones, con el propósito de garantizar la continuidad procesal y la protección de los derechos de las víctimas.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, señaló que la propuesta reconoce derechos para las víctimas directas e indirectas, como el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita, apoyo para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como la entrega digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación.
La iniciativa contempla además medidas de reparación integral del daño, la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, la actualización de los registros nacionales de feminicidios, campañas de prevención y la implementación de planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes. Actualmente, la propuesta deberá ser analizada y, en su caso, discutida por el Congreso de la Unión.
