La presidenta estatal del PRI y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, señaló que los recientes acontecimientos en Sinaloa deben generar una revisión de los mecanismos con los que el Estado previene y atiende posibles vínculos entre servidores públicos y actividades delictivas.
La legisladora consideró que ninguna persona que ocupe un cargo público debe estar por encima de la ley y que las instituciones deben contar con condiciones para investigar cualquier señalamiento, independientemente del cargo o trayectoria política de la persona involucrada.
Arredondo Ramos se refirió a las acusaciones presentadas por fiscales federales de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico, corrupción y protección a integrantes del crimen organizado.
Ante este tipo de señalamientos, sostuvo que debe existir una investigación transparente y con cooperación institucional, además de respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
“México necesita instituciones fuertes, autónomas y capaces de investigar a cualquier persona, independientemente de su partido, cargo o cercanía con el poder. Ante una acusación seria, la respuesta no puede ser el encubrimiento; debe ser la investigación y la rendición de cuentas”, afirmó.
Piden revisar mecanismos más allá de las candidaturas
Respecto a la propuesta del gobernador Mauricio Kuri González para establecer nuevos mecanismos de revisión de las personas que busquen una candidatura en Querétaro, la dirigente priista señaló que existe disposición para fortalecer los instrumentos que permitan garantizar perfiles íntegros.
Sin embargo, consideró que la discusión debe extenderse al ejercicio de los cargos públicos y no limitarse a los procesos electorales.
Recordó que actualmente el INE y el IEEQ cuentan con mecanismos como la declaración 8 de 8 contra la violencia, por lo que planteó analizar herramientas adicionales para supervisar a quienes ya se encuentran en funciones.
“Debemos preguntarnos no solamente quién puede ser candidato, sino qué mecanismos tiene el Estado para actuar cuando un funcionario en ejercicio es investigado por corrupción, delincuencia organizada u otros delitos graves”, señaló.
Arredondo Ramos citó datos del IMCO, según los cuales durante 2025 el costo promedio de la corrupción por ciudadano alcanzó los 5 mil 432 pesos, un incremento de 15 por ciento respecto a 2023 y el nivel más alto registrado en una década.
Plantean cambios en órganos de control
La dirigente estatal del PRI propuso avanzar en tres líneas para fortalecer el combate a la corrupción.
La primera consiste en modificar los procedimientos para seleccionar a titulares de contralorías, fiscalías y organismos responsables de combatir la corrupción, con el objetivo de privilegiar perfiles profesionales e independencia en sus funciones.
El segundo punto plantea establecer mecanismos permanentes de vigilancia con participación ciudadana, incluida la posibilidad de crear una figura ciudadana especializada en materia anticorrupción.
El tercer planteamiento busca establecer procedimientos claros y expeditos para actuar ante servidores públicos sujetos a investigaciones por posibles actividades delictivas, siempre bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.
Arredondo Ramos señaló que Querétaro no debe caer en la complacencia pese a contar con indicadores comparativamente favorables frente a otras entidades.
“En Querétaro debemos adelantarnos. Queremos instituciones que funcionen independientemente de quién gobierne. La integridad no debe revisarse únicamente durante una campaña electoral; debe exigirse desde el primer hasta el último día en el servicio público”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la seguridad, la transparencia y el combate a la corrupción deben abordarse mediante instituciones capaces de investigar y sancionar conductas ilícitas sin considerar filiaciones políticas.
