Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura de Querétaro se reunieron con representantes de 11 municipios para analizar reformas a la Constitución local relacionadas con el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
El encuentro contó con la participación de los diputados Homero Barrera Mcdonald y Eric Silva Hernández, así como representantes de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, en su calidad de integrantes del Constituyente Permanente de la entidad.
El presidente de la comisión, Homero Barrera Mcdonald, explicó que, al tratarse de una reforma constitucional, los municipios deben participar en el análisis del dictamen.
Detalló que la propuesta reúne dos iniciativas y plantea devolver a la Legislatura estatal la facultad para participar en la designación de la terna de aspirantes a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Por su parte, el diputado Eric Silva Hernández, coautor de la iniciativa, señaló que el combate a la corrupción requiere instituciones con transparencia e independencia en los procesos de procuración de justicia.
Explicó que la propuesta busca que el proceso de selección del fiscal anticorrupción no quede exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo, sino que exista participación del Poder Legislativo para favorecer la pluralidad y permitir la elección de un perfil que garantice el adecuado ejercicio de la función durante el periodo correspondiente.
Proponen procedimiento para iniciativas preferentes
Durante la reunión también se presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de iniciativa preferente, con el objetivo de establecer un procedimiento específico para que asuntos considerados prioritarios tengan que ser discutidos por la Legislatura.
Barrera Mcdonald señaló que esta figura ya está contemplada, pero actualmente no cuenta con reglas suficientemente claras que garanticen su discusión dentro de un plazo determinado.
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo pueda presentar hasta dos iniciativas preferentes, mientras que las comisiones legislativas tendrían un plazo máximo de 30 días naturales para analizarlas, discutirlas y votarlas.
En caso de que las comisiones no emitan una resolución dentro de ese periodo, las iniciativas pasarían directamente al Pleno como primer asunto de la siguiente sesión.
El legislador aclaró que la iniciativa preferente no implicaría la obligación de aprobar las propuestas del Ejecutivo, sino únicamente garantizar que el Congreso local se pronuncie sobre ellas dentro de un plazo establecido.
