El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condena la represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al tiempo que pidió la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica mientras persistan las violaciones a los derechos humanos en el país.
La resolución fue respaldada por una amplia mayoría de eurodiputados de distintas corrientes políticas, quienes denunciaron la persecución contra opositores, el cierre de organizaciones civiles, los destierros forzados y la situación de los presos políticos nicaragüenses.
Entre los casos destacados se encuentra el del excoronel Carlos Brenes y su esposa, Salvadora Martínez, detenidos desde agosto de 2025. Familiares y organizaciones internacionales han denunciado la falta de información sobre su estado de salud y las condiciones en las que permanecen encarcelados.
La discusión en la Eurocámara también estuvo marcada por la reciente confirmación de la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien permaneció desaparecido durante 32 meses bajo custodia del Estado. Organismos internacionales han exigido una investigación independiente y la entrega de sus restos a sus familiares.
La eurodiputada alemana Anna Cavazzini señaló que la Unión Europea debe activar la cláusula democrática contemplada en sus acuerdos comerciales para enviar un mensaje claro al régimen nicaragüense sobre las consecuencias de sus acciones.
Por su parte, Thelma Brenes, hija del excoronel encarcelado, afirmó que la resolución representa un respaldo a las familias de los presos políticos y una muestra de que la comunidad internacional mantiene la atención sobre la situación que enfrenta Nicaragua.
Además de solicitar la liberación de los detenidos por motivos políticos, el Parlamento Europeo respaldó los esfuerzos para que las presuntas violaciones a los derechos humanos sean investigadas mediante mecanismos de jurisdicción universal y, en su caso, por la Corte Penal Internacional.
Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura advirtieron que Nicaragua atraviesa una de las crisis más graves de derechos humanos en América Latina, con denuncias de detenciones arbitrarias, tortura, desnacionalizaciones, expulsiones forzadas y restricciones a las libertades fundamentales.
La resolución concluye con un llamado a mantener la presión internacional sobre el gobierno nicaragüense y a fortalecer el apoyo a los actores democráticos tanto dentro como fuera del país.
