El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, afirmó que los recientes señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis de desapariciones en México no pueden ser minimizados ni descalificados por el Gobierno federal.
El dirigente panista subrayó que estas observaciones reflejan una realidad que enfrentan miles de familias en el país. “No se trata de narrativas, se trata de víctimas”, expresó, al señalar que existen indicios de participación, omisión o tolerancia por parte de autoridades, lo que obliga al Estado a responder con responsabilidad.
Arango sostuvo que, aunque el Gobierno federal niegue la existencia de desapariciones forzadas como política de Estado, los hechos contradicen ese discurso. Como ejemplo, mencionó situaciones registradas en estados como Tabasco y municipios como Tequila, en Jalisco, donde la problemática persiste.
En ese contexto, cuestionó la reciente sentencia contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, vinculado con el grupo criminal conocido como “La Barredora”. Consideró que el momento en que se da a conocer esta resolución coincide con la presión internacional, lo que —dijo— genera dudas sobre la intención de fondo.
“Resulta demasiada coincidencia que, tras el señalamiento internacional, aparezcan acciones que parecen más orientadas a contener la presión que a impartir justicia”, afirmó.
Asimismo, el líder estatal del PAN señaló que no existe claridad sobre la responsabilidad política de Adán Augusto López Hernández, quien se desempeñó como gobernador de Tabasco durante el periodo en que ocurrieron los hechos.
“La pregunta es inevitable: ¿quién responde por lo que pasó? Porque no basta con castigar a un funcionario si no se investiga a quienes estaban al mando; México necesita justicia completa, no chivos expiatorios”, enfatizó.
Finalmente, Martín Arango reiteró que el PAN continuará exigiendo que el Gobierno federal asuma con seriedad la crisis de desapariciones en el país y deje de negar una problemática que, afirmó, es cada vez más visible a nivel internacional.
“Las familias merecen verdad, justicia y un gobierno que no se esconda detrás de excusas”, concluyó.
