Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Senado de la República para reactivar la discusión de una Ley General de Cannabis, al advertir que la falta de regulación integral mantiene a México en un vacío legal que limita el desarrollo económico, el acceso a derechos y la construcción de paz.
En el marco del 420, colectivos especializados en políticas de drogas, salud pública y derechos humanos entregaron de forma simbólica una bolsa de semillas a la Mesa Directiva del Senado, con el objetivo de exigir que se retome la agenda legislativa pendiente.
Zara Snapp, directora del Instituto RIA, señaló que retomar esta discusión implica atender una deuda legislativa y asumir una responsabilidad frente a una realidad social existente.
Las organizaciones subrayaron que la cercanía del Copa Mundial de la FIFA 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá, vuelve urgente contar con reglas claras sobre el cannabis ante la llegada de visitantes con distintos contextos de consumo.
En ese sentido, consideraron necesario fortalecer las capacidades del Estado para informar, prevenir riesgos y atender situaciones relacionadas con el uso de esta sustancia.
Luis Fernando Campos, de Educannabis, destacó que una regulación clara podría reducir riesgos, generar empleos formales y posicionar al país como una nación con visión de futuro.
El llamado se da en un contexto en el que, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en 2018 el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el autoconsumo de cannabis, el Congreso no ha aprobado una ley que regule su producción, distribución y consumo.
Esta falta de legislación ha derivado en un escenario fragmentado, con miles de autorizaciones sanitarias y amparos para el cultivo, así como espacios de tolerancia y comercios que operan sin una regulación clara.
Entre los beneficios de una eventual ley integral, los colectivos señalaron el acceso a tratamientos terapéuticos, la generación de empleos, la inclusión de comunidades rurales en la cadena productiva y el incremento de ingresos fiscales, además de la implementación de políticas públicas enfocadas en la reducción de riesgos y daños.
Finalmente, las organizaciones entregaron un documento formal a la Oficialía de Partes del Senado, encabezada por Aracely García, como parte de su exigencia para retomar el debate legislativo sobre cannabis en el país.
