La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una nueva reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mediante la cual se prohíbe la aplicación de cualquier normativa extranjera en territorio nicaragüense.
La modificación fue aprobada durante una sesión especial realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, en el marco del 48 aniversario de la operación denominada “Muerte al Somocismo”.
La reforma incorpora un nuevo párrafo al artículo 12 de la Constitución Política de Nicaragua, con el que se establece que ninguna ley, reglamento o resolución de origen internacional tendrá validez jurídica en el país, salvo los convenios y acuerdos que sean suscritos y ratificados por el propio Gobierno nicaragüense.
“En nuestra Nicaragua (…) no tiene efecto jurídico ninguna legislación extranjera que pretenda imponerse sobre la voluntad de nuestro pueblo”, señaló el Gobierno a través de un comunicado del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Reforma ocurre en medio de tensión con la OEA
La modificación constitucional se produce pocos días después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución para convocar a una reunión urgente de cancilleres con el propósito de analizar la situación política de Nicaragua.
La reunión todavía no tiene fecha definida y ocurre después de que el presidente Daniel Ortega planteara la posibilidad de cancelar las elecciones, lo que ha generado nuevas críticas y preocupación entre organismos internacionales.
La reforma fortalece la posición del Gobierno de Ortega-Murillo frente a organismos internacionales y establece constitucionalmente que las disposiciones extranjeras no podrán aplicarse en Nicaragua si no forman parte de acuerdos directamente suscritos y ratificados por las autoridades nacionales.
