Santiago Nieto Castillo, la senadora Beatriz Robles y representantes de Morena en Querétaro fijaron posicionamientos sobre transparencia, fiscalización, integridad electoral y libertad de expresión durante una rueda de prensa.
Durante el encuentro, Beatriz Robles informó sobre la presentación de un punto de acuerdo en el Senado de la República para exhortar a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) a realizar una auditoría a los recursos públicos ejercidos en el proyecto vial de 5 de Febrero.
La senadora señaló que la revisión busca fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y respaldó los cuestionamientos previamente expresados por Santiago Nieto respecto al costo por kilómetro de la obra.
Por su parte, Nieto Castillo presentó nuevamente su propuesta denominada “8 de 8 Plus”, con la que plantea ampliar los mecanismos de revisión de perfiles que participen en procesos electorales y en responsabilidades institucionales.
De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa busca complementar las declaraciones patrimoniales, fiscales y de no violencia de género con mecanismos de revisión financiera que permitan identificar posibles conflictos de interés o vínculos con redes de corrupción. Las referencias a los llamados “cárteles del agua” e “inmobiliario” corresponden a señalamientos realizados por los participantes del encuentro y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.
Otro de los temas abordados fue el acceso a los espacios de prensa del Congreso local. Los participantes calificaron como un “acuerdo mordaza” una medida que, según señalaron, impediría a Nieto Castillo ingresar a la sala de prensa de la Legislatura.
Al respecto, Robles informó sobre una propuesta presentada ante el Senado para exhortar al Congreso de Querétaro a garantizar la libertad de expresión y asociación, así como revisar disposiciones locales relacionadas con el derecho a la manifestación.
Finalmente, la dirigencia estatal de Morena manifestó su respaldo a Santiago Nieto y destacó resoluciones de autoridades electorales relacionadas con contenidos difundidos durante el debate político. Señaló que la libertad de expresión debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la legislación electoral, particularmente respecto a la calumnia y la difusión de información que pueda afectar al electorado.
