Gran parte del empeño del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por hacerse con el control de Groenlandia tiene una explicación central: la enorme riqueza de recursos naturales que alberga su subsuelo, desde petróleo hasta tierras raras, además de oro, un metal al que el mandatario estadounidense ha mostrado una afinidad reiterada.
Con una superficie de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, cuatro veces mayor que la de España, Groenlandia concentra una amplia variedad de recursos estratégicos: petróleo, hierro, grafito, tungsteno, paladio, vanadio, zinc, uranio, cobre y oro, así como importantes reservas de tierras raras, un conjunto de 17 elementos indispensables para la industria de alta tecnología.
Entre estos minerales destacan el lantano, cerio, neodimio e itrio, fundamentales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos avanzados y sistemas de defensa. No por casualidad, las autoridades estadounidenses consideran a Groenlandia el octavo territorio del mundo en reservas de tierras raras.
El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que la isla, ubicada en gran parte dentro del Círculo Polar Ártico, alberga alrededor de 1.5 millones de toneladas de tierras raras. Dos de los principales yacimientos localizados en el sur del territorio figuran entre los más grandes del planeta, aunque aún no existe extracción comercial activa de estos minerales.
La Unión Europea también ha puesto la mirada en la isla: ha identificado en Groenlandia 25 de las 34 materias primas esenciales para su transición ecológica. Por ello, en 2023 firmó un acuerdo con el gobierno groenlandés para el desarrollo responsable de recursos naturales.
Washington, por su parte, firmó en 2019 —durante la primera presidencia de Trump— un memorándum de entendimiento con Groenlandia para explorar conjuntamente el territorio, intercambiar conocimiento científico y cooperar en la explotación de tierras raras y otros minerales estratégicos. Dicho acuerdo está a punto de expirar, pese a los intentos de renovación durante el mandato de Joe Biden (2021-2025).
El caso Kringlerne y el interés empresarial
El foco del interés se ha intensificado en torno al yacimiento de Kringlerne, situado cerca de Qaqortoq, la mayor ciudad del sur de Groenlandia, con una población cercana a las 3,000 personas. Analistas apuntan que este depósito podría ser una de las razones clave detrás de la renovada insistencia de Trump por hacerse con la isla.
En 2019, antes de que Trump manifestara públicamente su intención de “comprar” Groenlandia, el geólogo australiano Greg Barnes —impulsor del proyecto desde 2001— fue invitado a la Casa Blanca para exponer la relevancia estratégica del yacimiento. Tras esa reunión, el presidente estadounidense comenzó a hablar abiertamente de adquirir el territorio.
La empresa de Barnes, Tanbreez, controló el depósito hasta que en 2024 vendió una participación mayoritaria a la estadounidense Critical Metals, en una operación valuada en decenas de millones de dólares.
En junio de 2025, Critical Metals recibió una carta de interés del Export-Import Bank of the United States, que ofreció un préstamo de 120 millones de dólares para financiar el inicio de la explotación en Kringlerne. De concretarse, sería la primera inversión minera en el extranjero respaldada por la nueva administración Trump, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
Obstáculos y antecedentes conflictivos
Pese al potencial económico, el desarrollo minero en Groenlandia ha demostrado ser técnica y financieramente complejo. Un ejemplo es el polémico proyecto de Kuannersuit, también cercano a Qaqortoq, que prometía convertir a Groenlandia en el mayor productor occidental de tierras raras.
Ese proyecto terminó derivando en una disputa internacional, luego de que la empresa australiana Energy Transition Minerals reclamara decenas de miles de millones de dólares al gobierno groenlandés tras el bloqueo de la iniciativa.
Así, mientras Groenlandia se consolida como una pieza clave en la competencia global por minerales estratégicos, el interés de Trump no responde solo a razones geopolíticas o de seguridad, sino a un cálculo económico de largo alcance: el control de recursos críticos que definirán la próxima era industrial y tecnológica.
