Irán ejecutó este domingo a Shahram Sadeghi, un hombre condenado por atropellar con un vehículo a varios policías y herir a siete de ellos durante las manifestaciones antigubernamentales de enero.
La agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, informó que Sadeghi fue condenado a muerte por realizar una “acción operativa a favor del régimen sionista y de Estados Unidos”.
Su ejecución se produce en un contexto de endurecimiento de la represión en Irán, donde las autoridades han aplicado la pena de muerte contra personas vinculadas con las protestas que sacudieron al país a principios de año.
Las movilizaciones comenzaron a finales de diciembre debido al deterioro del costo de vida y posteriormente se transformaron en protestas contra el Gobierno. Las manifestaciones alcanzaron su mayor intensidad los días 8 y 9 de enero.
El Gobierno iraní reconoció más de 3 mil muertos durante las protestas y atribuyó parte de la violencia a supuestos actos terroristas organizados con apoyo de Estados Unidos e Israel. Organizaciones no gubernamentales han denunciado una cifra mayor de víctimas y una fuerte represión contra los manifestantes.
La aplicación de la pena de muerte se ha incrementado en Irán en los últimos años. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado un aumento sostenido de las ejecuciones y han cuestionado la utilización de la pena capital contra personas procesadas por su participación en protestas.
De acuerdo con organizaciones como Iran Human Rights, Irán ejecutó al menos a 2 mil 159 personas durante 2025, la cifra anual más alta registrada desde 1989.
Con estos registros, Irán se mantiene entre los países que más aplican la pena de muerte en el mundo y, según Amnistía Internacional, ocupa el segundo lugar después de China.
Las autoridades iraníes sostienen que las condenas a muerte corresponden a delitos graves y a acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre procesos judiciales cuestionables y el uso de las ejecuciones como mecanismo de intimidación política.
