La Iglesia católica de México expresó su preocupación por diversos proyectos analizados recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que podrían debilitar la protección jurídica de la vida humana y ampliar el acceso al aborto más allá de los límites actualmente establecidos en distintas entidades del país.
A través de su editorial dominical “Desde la Fe”, la Arquidiócesis de México señaló que la defensa de la dignidad humana no debe recaer únicamente en jueces, legisladores o especialistas, sino también en las familias, comunidades y organizaciones sociales.
La institución religiosa sostuvo que la sociedad tiene la responsabilidad de vigilar que las leyes y las instituciones actúen en favor de la persona y del respeto a la vida.
El posicionamiento surge luego de que la Suprema Corte aplazó la votación de un proyecto presentado por el ministro Irving Espinosa, relacionado con una legislación del estado de Aguascalientes que protege la vida desde la concepción y establece sanciones por la interrupción del embarazo después de las seis semanas de gestación.
De acuerdo con la Iglesia católica, algunas propuestas que buscan ampliar el acceso al aborto podrían generar consecuencias sociales adversas, entre ellas una menor responsabilidad por parte de quienes participan en un embarazo y una insuficiente protección para las mujeres frente a situaciones de violencia.
“Nos preocupa que algunas iniciativas sean presentadas como ampliaciones de derechos cuando, en realidad, pueden implicar la exclusión de otros seres humanos de la protección que el Estado está llamado a garantizar”, señaló la publicación.
Durante la semana, integrantes del Frente Nacional por la Familia realizaron manifestaciones frente a la Suprema Corte, donde expresaron su rechazo al proyecto en discusión. Los participantes señalaron que la propuesta podría abrir la puerta a la interrupción del embarazo en etapas avanzadas de gestación, aunque hasta el momento no se ha difundido documentación oficial que respalde dicha interpretación.
En contraste, organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch han insistido en la necesidad de eliminar el delito de aborto en México y han advertido que la estigmatización social continúa siendo una de las principales barreras para acceder a servicios seguros de interrupción del embarazo.
La discusión sobre el aborto en México ha evolucionado durante las últimas décadas. En 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Posteriormente, 23 de las 32 entidades federativas adoptaron medidas similares, especialmente después de que la SCJN determinó en 2023 que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional y ordenó al Congreso de la Unión eliminar este delito del Código Penal Federal.
