El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó “categóricamente” la versión difundida por CNN sobre una supuesta operación encubierta de la CIA en territorio mexicano.
La información señalaba que la muerte de Francisco Beltrán, presunto operador del Cártel de Sinaloa, ocurrida tras la explosión de un vehículo en Tecámac, habría sido resultado de un “asesinato selectivo” facilitado por inteligencia estadounidense.
Según el reporte de CNN, un artefacto explosivo habría sido colocado dentro del vehículo y el operativo formaría parte de una campaña de ataques contra integrantes de cárteles mexicanos.
En respuesta, García Harfuch afirmó que el Gobierno de México rechaza cualquier versión que “pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.
El funcionario reconoció que existe cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pero precisó que ésta se desarrolla bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
También sostuvo que las acciones operativas en territorio mexicano corresponden exclusivamente a autoridades nacionales, mientras que la colaboración bilateral se limita al intercambio de información y mecanismos institucionales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México negó haber sido consultada por CNN para confirmar la información y señaló que mantiene abierta una investigación sobre la explosión y la muerte de Beltrán.
La polémica ocurre en un contexto de tensión bilateral por presuntas intervenciones estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en México.
Semanas atrás, la Fiscalía General de la República abrió una investigación sobre la supuesta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua.
El caso se hizo público después de que dos agentes estadounidenses murieran en un accidente tras el operativo, situación que llevó al gobierno mexicano a solicitar explicaciones formales a Washington y a autoridades estatales.
