La propuesta del Gobierno de México para evaluar nuevas técnicas de fracturación hidráulica generó posturas encontradas entre especialistas, sector privado y organizaciones ambientales, en torno a su viabilidad y riesgos.
La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la creación de un comité técnico para analizar la explotación de gas no convencional mediante tecnologías de menor impacto ambiental, como parte de una estrategia para reducir la dependencia del gas importado.
Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Florencia de Ortúzar rechazó la posibilidad de un fracking sustentable. Argumentó que la técnica implica la inyección de agua, químicos y arena a gran profundidad para fracturar roca, con efectos asociados como alto consumo hídrico, contaminación de acuíferos, degradación de suelos, emisiones y potencial sismicidad. Sostuvo que su adopción prolonga la dependencia de combustibles fósiles.
En contraste, Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, señaló que el déficit de gas en el país obliga a importar, por lo que consideró necesario abrir una discusión con criterios de gobernanza, transparencia y participación multisectorial. Reconoció riesgos ambientales, pero subrayó la necesidad de evaluar alternativas ante la demanda energética.
Desde el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana planteó que el fracking es una técnica utilizada en otros países y que podrían existir desarrollos tecnológicos con menor impacto ambiental. Su representante indicó que liberar reservas de gas natural contribuiría a reducir costos energéticos y fortalecer la disponibilidad interna, siempre bajo condiciones de consulta comunitaria y cumplimiento regulatorio.
El debate se sitúa en un contexto de doble presión: por un lado, la búsqueda de soberanía energética ante la dependencia de importaciones; por otro, la necesidad de avanzar en la transición hacia fuentes de menor impacto ambiental. La viabilidad del fracking depende de variables técnicas, regulatorias y ambientales, así como de la capacidad institucional para mitigar riesgos y garantizar supervisión efectiva.
