La decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras ha colocado nuevamente bajo los reflectores a las dos bandas criminales más poderosas de Brasil, grupos que surgieron en las cárceles y que actualmente tienen presencia en varios países.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, que argumentó que ambas organizaciones representan una amenaza para la seguridad estadounidense debido a la expansión de sus redes criminales más allá de las fronteras brasileñas.
La medida se suma a la clasificación que ya tienen grupos como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y diversos cárteles mexicanos.
Nacieron en las cárceles brasileñas
Tanto el PCC como el Comando Vermelho tienen su origen en el sistema penitenciario brasileño.
El Comando Vermelho surgió durante la dictadura militar brasileña, cuando presos políticos y delincuentes comunes compartieron espacios en prisiones como el Instituto Penal Cândido Mendes. La convivencia permitió la creación de estructuras organizadas para exigir mejores condiciones carcelarias, aunque posteriormente la organización evolucionó hacia actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.
Por su parte, el PCC nació tras la masacre ocurrida en 1992 en la prisión de Carandiru, en São Paulo, donde más de un centenar de reclusos murieron durante una intervención policial. El grupo se formó inicialmente para reclamar justicia por aquellos hechos y mejores condiciones penitenciarias, pero posteriormente se transformó en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, armas, secuestros y robos.
Miles de integrantes y presencia internacional
Autoridades y especialistas estiman que el PCC cuenta con aproximadamente 40 mil integrantes dentro y fuera de prisión, mientras que el Comando Vermelho tendría alrededor de 30 mil miembros.
Ambas organizaciones operan mediante estructuras descentralizadas y células regionales, lo que ha dificultado los esfuerzos de las autoridades para desarticularlas.
Aunque históricamente fueron rivales, en 2025 acordaron una tregua para fortalecer sus operaciones y ampliar su capacidad de actuación, una decisión que generó preocupación entre las autoridades brasileñas.
Además de controlar amplias zonas urbanas en Brasil, especialmente en Río de Janeiro y São Paulo, los grupos han extendido sus actividades a países como Paraguay, Bolivia y Perú, donde participan en redes de tráfico de drogas y armas.
Investigaciones también han documentado vínculos del PCC con la mafia italiana ‘Ndrangheta y operaciones de lavado de dinero en distintos continentes.
Brasil rechaza la decisión
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva manifestó reservas sobre la decisión estadounidense y expresó preocupación por la posibilidad de que Washington utilice la designación para justificar acciones de seguridad dentro del territorio brasileño.
En contraste, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, respaldó la medida y aseguró que el crimen organizado se ha fortalecido ante la incapacidad del Estado para controlar determinadas regiones y centros penitenciarios.
Un desafío persistente
Pese a décadas de operativos policiales, traslados de líderes a diferentes cárceles y acciones militares en zonas dominadas por el narcotráfico, las autoridades brasileñas no han logrado debilitar de forma definitiva a estas organizaciones.
Diversos estudios estiman que entre 50 y 61 millones de personas viven en áreas bajo influencia de grupos criminales en Brasil, una cifra que representa cerca de una cuarta parte de la población del país.
La designación estadounidense abre una nueva etapa en la lucha contra estas organizaciones, aunque especialistas advierten que todavía está por verse si las herramientas legales derivadas de la clasificación como grupos terroristas tendrán resultados distintos a los obtenidos hasta ahora por las autoridades brasileñas.
