La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa generó posturas encontradas en el ámbito político mexicano.
Desde el oficialismo, legisladores de Movimiento Regeneración Nacional respaldaron al mandatario estatal. El coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que debe prevalecer la presunción de inocencia. En el Senado, Ignacio Mier expresó apoyo a Rocha Moya y al legislador Enrique Inzunza Cázarez, también mencionado en la imputación. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña afirmó que no se han presentado pruebas públicas.
La acusación estadounidense señala que los implicados habrían protegido operaciones delictivas, facilitado información y permitido el tráfico de drogas hacia ese país a cambio de sobornos. Rocha Moya rechazó los señalamientos y los calificó como infundados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que no se presentaron pruebas en las solicitudes de extradición y anunció el envío de una nota diplomática a la embajada estadounidense, al considerar que la difusión del caso contraviene acuerdos bilaterales.
Desde la oposición, dirigentes y legisladores consideraron el caso como evidencia de posibles vínculos entre el oficialismo y el crimen organizado. El senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, pidió que los señalados comparezcan. La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez solicitó la separación del cargo de los implicados, mientras que Jorge Álvarez Máynez planteó la necesidad de permitir investigaciones sin interferencias. El Partido Revolucionario Institucional también exigió indagatorias y acciones legales.
El caso permanece en etapa inicial y depende de la presentación y validación de pruebas en ambas jurisdicciones.
