La Cámara de Diputados analiza una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para incorporar como faltas administrativas graves el nepotismo indirecto y la gestión indebida, con el propósito de impedir que familiares o personas cercanas influyan en decisiones del servicio público sin ocupar un cargo oficial.
La propuesta, presentada por el diputado federal del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, fue turnada a comisiones en la Cámara de Diputados y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente.
El legislador argumenta que la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de prevención contra la denominada “captura familiar del Estado”, así como transparentar las relaciones que puedan influir en procesos de contratación, nombramientos y asignación de recursos públicos.
De acuerdo con el proyecto, el nepotismo indirecto se configuraría cuando un servidor público permita, tolere, solicite o se beneficie de la gestión indebida realizada por una persona vinculada, aunque esta no desempeñe un cargo dentro de la administración pública.
La iniciativa define la gestión indebida como cualquier intervención, recomendación, presión o influencia, directa o indirecta, para incidir en decisiones, contratos, nombramientos, asignación de recursos, trámites o resoluciones administrativas sin contar con facultades legales, aprovechando la cercanía con un servidor público.
Asimismo, establece el concepto de captura familiar del Estado como un patrón de decisiones públicas influenciadas por personas vinculadas que concentran poder o beneficios dentro de una misma red familiar o de convivencia.
El proyecto considera como personas vinculadas al cónyuge, concubina o concubinario, pareja o persona con una relación afectiva o de convivencia comprobable, así como familiares por consanguinidad en línea recta sin límite de grado, en línea colateral hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado.
La propuesta sostiene que este tipo de nepotismo ocurre cuando familiares o personas cercanas a funcionarios públicos, sin ocupar un cargo formal, intervienen en decisiones relevantes de gobierno mediante recomendaciones, intermediaciones o presiones derivadas de su relación personal o política con el servidor público.
De ser aprobada, la reforma incorporaría estas conductas al catálogo de faltas administrativas graves previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el servicio público.
