La diputada Claudia Díaz Gayou, de manera conjunta con la diputada Blanca Flore Benítez Estrada y el diputado Eric Silva Hernández, presentó una iniciativa para modificar la reforma constitucional relacionada con la designación del Fiscal Anticorrupción en el estado.
La propuesta surge luego de que el Poder Ejecutivo estatal remitiera a la Legislatura la terna para elegir a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por un periodo de nueve años.
Claudia Díaz explicó que la iniciativa busca reformar el artículo 30 Ter de la Constitución local para eliminar la facultad del titular del Poder Ejecutivo de proponer la terna y devolver al Poder Legislativo el proceso de selección mediante una convocatoria abierta.
La legisladora señaló que la intención es que exista un proceso democrático y transparente en el que la ciudadanía pueda participar, y que las y los diputados elijan al titular de la fiscalía con imparcialidad y conforme a los requisitos legales.
Díaz Gayou criticó que, bajo el esquema actual, la Legislatura únicamente funciona como una “ventanilla de paso” al votar entre perfiles previamente definidos por el Ejecutivo estatal.
Asimismo, recordó que la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 fue avalada por la pasada Legislatura en una sesión realizada en el Centro de Congresos, situación que —dijo— fue rechazada por ciudadanos y legisladores de oposición.
La diputada afirmó que el Fiscal Anticorrupción debe actuar con independencia para investigar posibles actos de corrupción de servidores públicos, por lo que consideró que un nombramiento impulsado desde el Ejecutivo podría afectar la imparcialidad del cargo.
Por su parte, Eric Silva Hernández respaldó la iniciativa y aseguró que el objetivo es regresar esta facultad al Poder Legislativo, tal y como ocurrió en la designación del fiscal saliente.
El legislador indicó que la ciudadanía demanda claridad y sanciones ante posibles irregularidades en obras públicas y manejo de recursos, por lo que insistió en la necesidad de contar con un fiscal autónomo y legitimado por un proceso abierto.
Silva Hernández aclaró que la postura de los promoventes no es contra las personas que integran la terna enviada por el Ejecutivo, sino contra el procedimiento mediante el cual fueron propuestas.
En tanto, Blanca Benítez coincidió en que el debate no se centra en los perfiles de la terna, sino en la legitimidad del mecanismo de designación, al considerar que no resulta aceptable que el Ejecutivo impulse a quien eventualmente podría investigarlo.
