Los países de Oriente Medio incrementaron la aplicación de la pena de muerte durante 2025, año en el que Irán y Arabia Saudita alcanzaron niveles históricos de ejecuciones, denunció este lunes Amnistía Internacional.
En su más reciente informe global sobre la pena capital, la organización documentó 2 mil 159 ejecuciones en Irán, la cifra más alta registrada en el país desde 1981.
Amnistía Internacional señaló que las autoridades iraníes intensificaron el uso de la pena de muerte como mecanismo de “represión y control político”, empleándola contra personas consideradas opositoras o críticas del régimen.
Arabia Saudita también rompe récord
El informe reveló además que Arabia Saudita ejecutó al menos a 356 personas en 2025, superando el récord previo de 345 ejecuciones registrado un año antes.
Según Amnistía, las autoridades sauditas continuaron aplicando la pena capital “a un ritmo alarmante” y en muchos casos ignorando las restricciones establecidas por el derecho internacional y las normas de derechos humanos.
La organización destacó que 67 % de las ejecuciones sauditas, equivalentes a 240 casos, estuvieron relacionadas con delitos de drogas, pese a que el derecho internacional prohíbe la pena de muerte para ese tipo de delitos.
En Kuwait también aumentó significativamente el uso de la pena capital, al pasar de seis ejecuciones en el año anterior a 17 durante 2025.
Denuncian uso político de la pena capital
Amnistía Internacional advirtió que en varios países de Oriente Medio y el norte de África la pena de muerte continúa utilizándose tras procesos judiciales considerados injustos, así como mediante confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura.
La organización sostuvo que diversos gobiernos de la región han utilizado la pena capital para reprimir la disidencia política y responder a amenazas reales o supuestas contra la seguridad nacional, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas antidrogas.
Asimismo, subrayó que muchas de las condenas se aplican por delitos que no implican la pérdida de vidas humanas, lo que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos.
