Durante el parlamento abierto para la nueva Ley de Aguas de Querétaro se realizó la tercera mesa de análisis denominada “Costos, tarifas y participación ciudadana”, en la que participaron organizaciones civiles, pueblos originarios, académicos y especialistas en la materia, como parte de los trabajos de las comisiones unidas de Seguimiento de la Agenda 2030, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, Asuntos Municipales, Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, así como Medio Ambiente y Cambio Climático.
La mesa fue moderada por Diana Olvera Robles, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, y contó con la participación de 21 colectivos y organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos, además de integrantes de las comunidades indígenas de Santiago Mexquititlán, en Amealco, y La Esperanza, en Colón.
En el encuentro estuvieron presentes los diputados Arturo Maximiliano García Pérez, Eric Silva Hernández, Ulises Gómez de la Rosa y María Blanca Flor Benítez Estrada; además de la legisladora federal Rufina Benítez Estrada, la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega, y el regidor capitalino Fernando Flores.
Uno de los principales temas abordados fue el régimen de tarifas, los límites en los costos del agua, los subsidios escalonados y los fondos etiquetados, así como las fortalezas y áreas de mejora de la iniciativa respecto a las reglas para determinar los cobros.
Entre las propuestas planteadas por los participantes destacó la necesidad de aclarar la legalidad de los cobros, establecer una cuota igualitaria y fijar subsidios para quienes menos recursos tienen y menor consumo realizan. También propusieron garantizar al menos 10 metros cúbicos gratuitos de agua en ciertas zonas, subsidiados al cien por ciento, al considerar el acceso al agua como un derecho humano.
Asimismo, se planteó incluir en la ley el principio de progresividad, es decir, que quienes consuman más agua paguen tarifas más altas, además de establecer distintos esquemas de cobro dependiendo de las condiciones de cada territorio.
Respecto a la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, se propuso reducir el costo de conexión al servicio de agua, bajo el argumento de que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso al recurso hídrico.
El segundo eje de discusión se centró en el Consejo Ciudadano del Agua y los mecanismos de vigilancia y participación social contemplados en la iniciativa. Los participantes debatieron la necesidad de fortalecer esta figura para garantizar una participación ciudadana efectiva.
Entre las propuestas se planteó conformar un consejo integrado por ciudadanía profesionalizada que supervise y fiscalice las acciones en materia hídrica, además de promover mecanismos de organización colectiva, sistematización y exigencia de derechos.
También propusieron evitar la sobrerrepresentación de la zona metropolitana de Querétaro e incorporar a las regiones más afectadas por la problemática del agua. Además, señalaron la necesidad de prohibir que funcionarios públicos emitan juicios de valor sobre candidaturas al consejo ciudadano.
Los participantes consideraron que este órgano debe contar con una vinculación sólida con las autoridades, garantizar la paridad de género y asegurar la representación de los pueblos indígenas.
Asimismo, señalaron que, si se plantea un Consejo Ciudadano profesionalizado, también es necesario que los funcionarios de la Comisión Estatal de Aguas sean especialistas en la materia.
En esta mesa participaron Francisco Landa, de Awita Vida y Territorio; Luis Javier Moreno Benhumea, de Política Colectiva; Oscar Arredondo Pico, de Agua para Todxs, Agua para la Vida; Stefanía Biondi, de QM21 y Cívica; Rodolfo Gómez Zurita, del Frente por las 40 Horas Querétaro; Alina del Carmen Nettel Barrera y Enrique Kato Vidal, de la UAQ; Jesús Abraham Maya Pedraza, del Colectivo Eheco; Carlos Alberto Rentería Rivera, consultor en finanzas públicas; Erika Rosales Moreno, especialista en políticas públicas ambientales; Maximino Pérez, integrante de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán; y Miguel Vega, de Grupo Maya Inc.
