El gobierno de Nayib Bukele presentó una iniciativa de reforma para imponer cadena perpetua a menores de edad que cometan delitos como homicidio o violación, independientemente de su vínculo con pandillas.
La propuesta amplía una reforma constitucional reciente aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que establece prisión de por vida para homicidas, violadores y terroristas. La nueva iniciativa será sometida a discusión y votación en el Congreso, dominado por el oficialismo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida al señalar que los menores que cometen delitos graves deben recibir un tratamiento distinto, al considerar que la legislación actual ha sido utilizada por organizaciones criminales.
Por su parte, el ministro de Defensa, Francis Merino, sostuvo que la violencia vinculada a pandillas ha sido favorecida por vacíos legales que ahora buscan corregirse.
Actualmente, la pena máxima en El Salvador es de 60 años y la cadena perpetua estaba prohibida en la Constitución. La reforma requiere ratificación legislativa para su entrada en vigor.
La iniciativa se suma a medidas previas del gobierno, como el traslado de menores vinculados a pandillas a cárceles de adultos —separados hasta cumplir la mayoría de edad— y forma parte de la estrategia de seguridad que ha reducido los homicidios, pero que ha generado críticas de organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Estas organizaciones han señalado posibles violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y muertes bajo custodia, en el contexto del régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, bajo el cual han sido detenidas más de 90 mil personas.
El endurecimiento de la política de seguridad mantiene respaldo político interno, aunque enfrenta cuestionamientos internacionales por su impacto en garantías legales y derechos fundamentales.
