La operación financiera de los casinos en México descansa sobre una ley expedida en 1947 que no reconoce apuestas en línea, nuevos medios de pago ni las estructuras empresariales actuales. Ese rezago explica que los casinos se mantengan como uno de los puntos más expuestos al lavado de dinero dentro del sistema financiero.
El bloqueo reciente de cuentas a 13 casinos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda reveló otra vez la fragilidad del sector. El problema no es el operativo puntual, sino el marco: la Ley Federal de Juegos y Sorteos permite amplias zonas grises que operadores irregulares y estructuras criminales utilizan para insertar capital ilícito.
Pedro Leyva, especialista en prevención de lavado de dinero, lo plantea sin matices: la regulación actual genera trámites, no controles. La fragmentación regulatoria entre Gobernación —que otorga permisos— y Hacienda —que vigila el riesgo antilavado— produce vacíos operativos que impiden una supervisión coherente. Un casino puede tener licencia en regla y, al mismo tiempo, operar como nodo de redes financieras ilícitas si las autoridades no comparten información ni actúan bajo estándares integrados.
La administración federal anticipa una reforma integral. El planteamiento central: modernizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos y conectarla de forma directa con la LFPIORPI y la regulación financiera. El documento identifica cinco ejes que cualquier reforma funcional debería incorporar:
- Homologación de estándares antilavado para casinos físicos y plataformas digitales, con niveles equivalentes de exigencia.
- Registro único de beneficiarios finales para identificar con precisión a quienes controlan permisos y operaciones.
- Regulación completa de medios de pago digitales usados en apuestas, con trazabilidad obligatoria.
- Obligatoriedad de oficiales de cumplimiento certificados con responsabilidad directa sobre riesgos y avisos.
- Cooperación internacional para anticipar esquemas transnacionales ya detectados por otras unidades de inteligencia financiera.
La industria del juego puede operar bajo reglas modernas, generar empleo e inversión y reducir riesgos sistémicos. La condición es desmontar el arreglo legal de 1947 y sustituirlo por un marco que cierre las zonas grises que hoy permiten que capital ilícito entre al sistema financiero sin oposición efectiva.
