Colombia volvió a estremecerse este jueves tras dos ataques casi simultáneos que dejaron al menos 18 personas muertas y decenas de heridos. En Cali, un atentado con cilindros bomba provocó la muerte de seis civiles y heridas a 65 personas, mientras que en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la policía fue derribado con saldo de 12 agentes muertos.
El presidente Gustavo Petro atribuyó los hechos a disidencias de las FARC. En el caso de Cali, señaló una “reacción terrorista” de la columna Carlos Patiño, mientras que el ataque aéreo en Antioquia lo vinculó al Frente 36 del Estado Mayor Central. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los grupos armados se ha adjudicado la autoría.
En Cali, el ataque iba dirigido contra la base aérea Marco Fidel Suárez. Las explosiones dañaron viviendas, obligaron a evacuar edificios y provocaron cierres de calles. El alcalde Alejandro Eder ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos colombianos (unos 100 mil dólares) por información que lleve a los responsables.
Horas antes, en Antioquia, la policía calificó como “acción terrorista” el derribo del helicóptero que apoyaba labores de erradicación de cultivos ilícitos. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la autoría correspondería al Clan del Golfo, aunque Petro insiste en que se trata de disidencias de las FARC.
Estos hechos ocurren en un clima de creciente deterioro de la seguridad en Colombia. En los últimos meses, Valle del Cauca y Cauca han sido escenario de atentados recurrentes atribuidos a grupos armados ilegales. Además, en enero una escalada de violencia en el Catatumbo dejó más de 100 muertos y 60 mil desplazados, y en junio la política sufrió un golpe devastador con el asesinato del senador opositor Miguel Uribe Turbay, el primer magnicidio en tres décadas.
La oposición responsabiliza a la política de “paz total” del presidente Petro del recrudecimiento de la violencia. Desde el Centro Democrático hasta el expresidente César Gaviria, las críticas coinciden en señalar un fracaso de la estrategia que busca negociar con diferentes grupos armados. Petro, en respuesta, ha defendido que la tasa de homicidios durante su gobierno es menor a la de décadas anteriores.
Con elecciones presidenciales programadas para 2026, la seguridad se consolida como el eje central del debate político en Colombia, mientras los ciudadanos reviven imágenes de violencia que creían superadas.
