El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de aproximadamente 8 mil empleados federales involucrados en la elaboración y aplicación de políticas públicas, una medida que facilitará su eventual despido por parte de la administración federal.
La disposición, firmada en el Despacho Oval, afecta a trabajadores de carrera que ocupan puestos de dirección, participan en la redacción de regulaciones, asesoran sobre políticas gubernamentales, intervienen en la asignación de subvenciones federales o desempeñan funciones relacionadas con la toma de decisiones dentro de las agencias federales.
La Casa Blanca argumentó que la medida busca evitar los obstáculos que, según el gobierno, enfrentó Trump durante su primer mandato debido a la resistencia de algunos funcionarios de carrera a implementar determinadas políticas y decisiones presidenciales, especialmente en áreas legales y regulatorias.
Entre los puestos potencialmente afectados se encuentran directores de programas federales, abogados de agencias gubernamentales y asesores técnicos especializados, cuyas remuneraciones suelen alcanzar los 200 mil dólares anuales.
La decisión generó críticas por parte de sindicatos y organizaciones que representan a empleados federales, cuyos dirigentes advirtieron que la nueva normativa podría abrir la puerta a despidos motivados por razones políticas.
Los representantes sindicales sostienen que la medida debilita la independencia profesional del servicio público y reduce las garantías que históricamente han protegido a los trabajadores federales frente a decisiones discrecionales de carácter político.
Hasta ahora, la mayoría de los empleados alcanzados por esta orden contaban con mecanismos de protección laboral que limitaban los despidos arbitrarios, una condición que tradicionalmente diferenciaba a los funcionarios de carrera de los cargos políticos designados directamente por el presidente.
La administración estadounidense había estimado previamente que, en una etapa posterior, hasta 50 mil empleados federales podrían quedar sujetos a este nuevo esquema laboral.
