En un giro crítico para la política surcoreana, un tribunal del Distrito Oeste de Seúl desestimó este domingo la solicitud de anulación de la orden de detención contra el presidente Yoon Suk-yeol, emitida tras su fallida declaración de la ley marcial en diciembre. La petición había sido presentada por el equipo legal del mandatario, quien enfrenta acusaciones por insurrección.
El tribunal no ha dado a conocer los argumentos detrás de su decisión, lo que mantiene la incertidumbre en torno al proceso. La defensa de Yoon argumentó que únicamente la Fiscalía, y no la Oficina Anticorrupción, tiene la facultad de solicitar una orden de arresto por insurrección, uno de los pocos delitos por los que un presidente en funciones puede ser procesado según la legislación surcoreana.
Un enfrentamiento legal y político
El martes pasado, la Oficina Anticorrupción obtuvo de la misma corte una orden de arresto temporal para interrogar al presidente, quien había ignorado tres citaciones judiciales. Sin embargo, el Servicio de Seguridad Presidencial bloqueó el acceso de los investigadores a la residencia de Yoon en Seúl durante un tenso enfrentamiento el viernes, prolongando el estancamiento entre las instituciones.
Consecuencias legales y políticas
La orden de arresto caduca este lunes, lo que deja a las autoridades un margen limitado para detener a Yoon y proceder con su interrogatorio. En caso de efectuarse la detención, los investigadores dispondrían de 48 horas para interrogarlo y solicitar una extensión de la detención si fuese necesario.
Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento surcoreano el pasado 14 de diciembre y enfrenta un proceso ante el Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir si lo restituye en el cargo o confirma su cese definitivo. Mientras tanto, el presidente destituido tiene prohibido salir del país.
Contexto
Corea del Sur castiga con cadena perpetua o incluso con la pena de muerte a los líderes de movimientos insurreccionales, aunque la pena capital se encuentra bajo moratoria en el país desde hace casi cuatro décadas.
La situación ha generado un profundo debate sobre la separación de poderes y la aplicación de la ley en Corea del Sur, poniendo en el centro del escrutinio tanto al sistema judicial como al liderazgo político.
