El diputado federal por Morena, Gilberto Herrera Ruiz, denunció que el proyecto hídrico impulsado por el gobierno estatal de Querétaro, conocido como Sistema Batán “Agua para todos”, no tiene como prioridad resolver la crisis de agua en la entidad, sino beneficiar económicamente a intereses privados.

Tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el legislador aseguró que quedó claro que el esquema de financiamiento propuesto representa una pesada carga económica para el estado durante las próximas tres décadas. “El gobernador compromete de manera irrevocable a Querétaro a pagar, durante los siguientes 30 años, al menos 41 mil millones de pesos. Esta cifra pretende ser actualizada año con año, lo que podría llevarnos a pagar entre 70 mil y 80 mil millones de pesos. Es un nuevo Fobaproa”, advirtió.

Herrera Ruiz criticó particularmente la participación de la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), señalando que no cuenta con experiencia en la gestión ni en la potabilización de agua. A pesar de ello, se busca adjudicarle el proyecto mediante un contrato que, según el legislador, deja en desventaja al estado.

“El costo energético, que es el principal requerimiento para el funcionamiento del sistema, lo tendría que absorber la Comisión Estatal de Aguas (CEA), incluso si la empresa entrega menos de los mil 800 litros de agua por segundo previstos”, explicó. Esta condición, afirmó, representa una carga financiera desproporcionada para la paraestatal y una amenaza para la sustentabilidad del suministro.

El diputado también comparó este esquema con el antecedente del Acueducto II, un proyecto que —según dijo— prometió agua para 30 años, pero a la mitad del plazo ya presenta fallos graves y ha generado utilidades por más de diez mil millones de pesos para el concesionario. “Lo que se vivió con el Acueducto II debe servirnos como advertencia. No podemos repetir un modelo que solo beneficia a privados y deja desprotegidos a los queretanos”, concluyó.

Herrera Ruiz insistió en que es necesario replantear el proyecto con un enfoque verdaderamente público, sustentable y transparente, donde el interés general esté por encima del lucro privado.

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