La presidenta Claudia Sheinbaum señaló la existencia de una presunta red empresarial relacionada con la contratación de materiales electorales en organismos locales, cuyos antecedentes se remontan a finales de los años ochenta y que habría concentrado contratos durante distintos periodos de autoridades electorales.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum presentó los resultados de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, sobre empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas, proveedoras de materiales electorales en distintas entidades del país.
De acuerdo con la investigación, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos a empresas relacionadas con los hermanos por un monto de 2 mil 94 millones de pesos.
La secretaria Raquel Buenrostro explicó que los antecedentes de estas compañías se encuentran en la década de 1980, cuando los hermanos Hernández Casillas trabajaban en dependencias federales. Posteriormente constituyeron empresas que comenzaron a participar en licitaciones y contratos para suministrar materiales electorales.
Entre los antecedentes expuestos se encuentra un contrato de 63.7 millones de pesos otorgado en 2005 por el Instituto Electoral del Estado de México a Cartonera Plástica. Ese procedimiento estuvo acompañado de denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.
La investigación también documentó que, entre 2024 y 2025, empresas relacionadas con esta red obtuvieron contratos por 646.3 millones de pesos con 15 organismos electorales locales.
Sheinbaum relacionó la trayectoria empresarial con integrantes del partido SOMOS, entre ellos el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y otros exfuncionarios electorales. La presidenta pidió que se investiguen los vínculos y los procedimientos de contratación, aunque aclaró que las posibles responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes.
Buenrostro señaló que, debido a la autonomía del INE, corresponde a su órgano interno de control y a la Auditoría Superior de la Federación revisar posibles irregularidades, determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Como medida adicional, Sheinbaum anunció que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México. La propuesta contempla ampliar la participación de dependencias federales e instituciones académicas en su Consejo de Administración, además de incorporar a la Auditoría Superior de la Federación como observadora.
El objetivo, explicó, es que esta empresa pública participe en la fabricación de materiales electorales, mientras otros insumos puedan adquirirse a proveedores mexicanos.
