El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, propuso implementar en Querétaro una iniciativa denominada “8 de 8 Plus” para fortalecer los mecanismos de revisión de quienes aspiren a cargos de elección popular.
Acompañado por legisladores de Morena y del Partido Verde, entre ellos el coordinador de Morena en el Congreso local, Arturo Maximiliano García Pérez, Nieto Castillo calificó como una “simulación” las recientes propuestas estatales de filtros éticos para candidatos, al considerar que varios de los requisitos planteados ya forman parte de la legislación vigente.
Señaló que mecanismos como la revisión patrimonial y fiscal, así como el requisito de no contar con antecedentes relacionados con determinados delitos y el llamado “3 de 3 contra la violencia”, ya están contemplados en las disposiciones federales y electorales.
También cuestionó el uso del polígrafo y la participación de colegios de profesionistas privados en la revisión de los perfiles, al considerar que la fiscalización debe quedar en manos de instituciones públicas con facultades legales para realizarla.
Propuesta incorpora corrupción inmobiliaria y agua
Nieto Castillo explicó que el componente adicional de su propuesta contempla dos filtros relacionados directamente con problemáticas que, afirmó, son relevantes para Querétaro.
El primero establece cero vínculos con redes de corrupción inmobiliaria, mediante la revisión de posibles casos de despojo, cambios irregulares de uso de suelo, permisos discrecionales o tráfico de influencias relacionados con desarrollos inmobiliarios.
El segundo plantea cero vínculos con corrupción o lucro indebido del agua, con una revisión de concesiones, infraestructura, contratos y derechos de agua para evitar su utilización con fines particulares o electorales.
El “Plus” también contempla ampliar las investigaciones financieras cuando existan indicios fundados de enriquecimiento ilícito, incluso hacia personas o estructuras vinculadas financieramente con los investigados.
“No se trata de perseguir familias ni de presumir culpabilidades por parentesco, sino de evitar que el vínculo familiar se utilice como escudo para esconder patrimonios mal habidos o conflictos de interés”, sostuvo.
El ex funcionario federal planteó que las investigaciones deben realizarse mediante los cauces legales y con apoyo de instituciones como la UIF, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las autoridades electorales.
Morena cuestiona que los filtros sean presentados como nuevos
Arturo Maximiliano García Pérez sostuvo que varios de los mecanismos incluidos en el protocolo presentado desde el Ejecutivo estatal ya existen en la legislación.
Mencionó las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, así como la información relacionada con propiedades, inversiones y cuentas en el extranjero. También recordó que el “3 de 3 contra la violencia” ya es obligatorio.
“No hay que engañar a las ciudadanas y los ciudadanos del estado, diciéndoles que se va a implementar algo nuevo y que va a hacer alguna diferencia”, afirmó.
El coordinador de Morena cuestionó que, si el objetivo era establecer nuevos requisitos obligatorios para las candidaturas, no se hubiera presentado una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado.
También señaló que los partidos políticos ya cuentan con herramientas legales para solicitar información y realizar revisiones ante instituciones como la UIF, SAT, FGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Claudia Díaz cuestiona legalidad del polígrafo
La diputada Claudia Díaz Gayou cuestionó la incorporación del polígrafo en los mecanismos de evaluación para aspirantes a cargos públicos, al señalar que su aplicación no está contemplada como una obligación legal.
Consideró que cualquier filtro o evaluación que se pretenda imponer debe contar con fundamento jurídico y respetar los derechos establecidos en la Constitución.
Los legisladores coincidieron en que el debate debe enfocarse en fortalecer los mecanismos institucionales de fiscalización, transparencia y combate a la corrupción, en lugar de presentar como nuevas herramientas que ya están contempladas en el marco legal.
En ese contexto, respaldaron la propuesta de “8 de 8 Plus” para incorporar controles específicos sobre posibles actos de corrupción inmobiliaria y el manejo indebido del agua, además de reforzar la investigación financiera bajo el principio de seguir la ruta del dinero.
