La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, Claudia Díaz Gayou, presentó nueve iniciativas de ley con el objetivo de armonizar la legislación estatal con la reforma constitucional federal que limita las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos.
Durante una rueda de prensa, la legisladora explicó que las propuestas buscan garantizar que las pensiones y jubilaciones se rijan por criterios de proporcionalidad, sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y austeridad republicana, con la finalidad de poner fin a las llamadas “pensiones doradas”.
Díaz Gayou recordó que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo establece que las jubilaciones y pensiones contempladas en este supuesto no podrán superar la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Esta modificación fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 10 de abril de 2026 y ahora debe ser armonizada por las entidades federativas.
La diputada aclaró que la medida no afectará a trabajadores de base, sindicalizados, personal administrativo u operativo, ni modificará los requisitos para acceder a una jubilación o pensión. Tampoco elimina derechos laborales adquiridos.
Precisó que la reforma está dirigida exclusivamente al personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas, entidades con participación estatal o municipal y fideicomisos públicos que reciben recursos gubernamentales.
Las iniciativas contemplan modificaciones a la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley de los Trabajadores del Estado, la Ley de Administración Pública Paraestatal, la Ley Orgánica Municipal y otros ordenamientos relacionados con organismos públicos específicos.
De acuerdo con la legisladora, de manera preliminar se han identificado 43 entidades paraestatales y 25 paramunicipales que podrían estar sujetas a estas disposiciones, sumando un total de 68 organismos públicos entre universidades, fideicomisos, instituciones educativas y organismos descentralizados.
Finalmente, informó que solicitó información a las dependencias involucradas para determinar con precisión el impacto financiero y presupuestal que tendría la aplicación de estas reformas en el estado.
