Los diputados Eric Silva Hernández y Claudia Díaz Gayou presentaron, junto con integrantes del Colectivo Voceras de la Madre Tierra, una iniciativa ciudadana para reformar el Código Ambiental del Estado de Querétaro y establecer reglas específicas para la instalación y operación de centros de datos.
La propuesta plantea que las empresas de este sector estén obligadas a presentar evaluaciones de impacto ambiental, transparentar el consumo de recursos naturales y someter sus proyectos a consultas públicas antes de que se autoricen las inversiones.
Eric Silva explicó que la legislación ambiental vigente no contempla disposiciones específicas para regular las actividades de los centros de datos. Señaló que actualmente la Secretaría de Desarrollo Sustentable no exige una evaluación de impacto ambiental en los términos que plantea la iniciativa.
Entre los cambios propuestos también se encuentra la creación de un inventario público de centros de datos, en el que se informe sobre el consumo de agua y electricidad, así como la presentación obligatoria de reportes anuales sobre sus operaciones. Actualmente, este último mecanismo es voluntario para las empresas.
La iniciativa también establece un procedimiento para realizar consultas públicas tempranas, con el propósito de que las comunidades conozcan los proyectos y sus posibles efectos antes de que se concrete su autorización.
Por su parte, Claudia Díaz Gayou señaló que Querétaro concentra más del 70 por ciento de los centros de datos instalados en el país y consideró necesario establecer un marco jurídico que regule su funcionamiento y el uso de recursos naturales.
La legisladora cuestionó que la llegada de estas inversiones se presente como un beneficio económico sin analizar sus efectos ambientales y señaló que la generación de empleos de este sector es limitada frente a la demanda de agua, energía y territorio.
Teresa Roldán Soria, integrante del colectivo, sostuvo que la expansión de estos complejos debe evaluarse considerando la disponibilidad de agua y las condiciones ambientales de la entidad, que enfrenta periodos recurrentes de estrés hídrico.
En tanto, Lorenia Trueba Almada planteó que, ante la falta de información y regulación, se establezca una suspensión provisional de nuevas autorizaciones para centros de datos, tanto a nivel estatal como federal, hasta contar con condiciones que garanticen la disponibilidad de recursos.
La iniciativa busca incorporar obligaciones ambientales, mecanismos de transparencia y participación ciudadana para regular un sector que ha crecido en Querétaro.
