La coordinadora de la fracción legislativa del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura local, Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro para incorporar de manera expresa la protección de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
La propuesta busca establecer como obligación del Estado y de los municipios garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de quienes ejercen actividades periodísticas o de defensa de derechos humanos, elevando este compromiso al máximo ordenamiento jurídico estatal.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora señaló que las agresiones contra periodistas y personas defensoras trascienden el ámbito individual, al afectar derechos fundamentales vinculados con la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana.
Díaz Gayou sostuvo que la reforma también busca visibilizar distintas formas de violencia contra el ejercicio periodístico, incluidas aquellas relacionadas con presiones económicas, exclusión de espacios institucionales o mecanismos que puedan afectar la independencia de los medios de comunicación.
Asimismo, hizo referencia a la denuncia pública realizada recientemente por María José González, integrante del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, quien reportó presuntos actos de intimidación relacionados con su participación en el debate sobre la Ley de Identidad de Género. La diputada señaló que ninguna persona debe ser objeto de amenazas o agresiones por defender una causa, una opinión o un derecho.
La legisladora explicó que la intención de incorporar estas garantías en la Constitución estatal es convertir la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en una responsabilidad permanente de las instituciones públicas y no en una política de carácter temporal.
La iniciativa contempla además la realización de un parlamento abierto durante el mes de junio, con la participación de medios de comunicación, organizaciones civiles, especialistas y ciudadanía, con el propósito de enriquecer la propuesta y avanzar posteriormente en la elaboración de una legislación secundaria que establezca mecanismos específicos de protección.
Díaz Gayou indicó que la construcción de un marco normativo integral permitiría definir instrumentos institucionales y, en su caso, prever recursos presupuestales para su implementación dentro de los ejercicios fiscales posteriores.
La propuesta será analizada por las comisiones legislativas correspondientes antes de continuar su proceso de discusión y eventual votación en el Congreso local.
