El diputado federal Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para establecer protocolos nacionales dirigidos a prevenir, detectar, atender, investigar y erradicar el reclutamiento, utilización e instrumentalización de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada.
La propuesta plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), diseñe e implemente mecanismos permanentes con enfoque de derechos de la niñez y coordinación interinstitucional.
Entre las medidas contempladas se encuentran sistemas de identificación y alerta temprana de riesgos en comunidades, escuelas y entornos digitales; protocolos homologados para autoridades de seguridad, procuración de justicia, educación, salud y asistencia social; acciones de protección y restitución de derechos para las víctimas; estrategias para desarticular redes de reclutamiento mediante labores de inteligencia e investigación, así como mecanismos de protección para víctimas y testigos.
La iniciativa también establece que la Federación emitirá los lineamientos generales para la implementación de estos protocolos, mientras que los recursos para financiarlos provendrían, de manera prioritaria, de bienes obtenidos mediante extinción de dominio, decomisos o aseguramientos relacionados con la delincuencia organizada.
Asimismo, propone que las autoridades federales, estatales y municipales tengan la obligación de adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar el reclutamiento forzado o la utilización, directa o indirecta, de menores de edad en actividades delictivas o vinculadas con grupos criminales.
En la exposición de motivos, el legislador señala que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes constituye una de las violaciones más graves a sus derechos humanos, al exponerlos a la violencia, la explotación y la pérdida de oportunidades de desarrollo.
El documento cita datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y de UNICEF, según los cuales alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales.
Además, refiere que, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI, entre 2023 y 2024 el número de adolescentes privados de la libertad por delitos relacionados con la delincuencia organizada aumentó 20.6 por ciento, al pasar de 899 a mil 84 casos.
La iniciativa sostiene que, aunque la legislación vigente obliga a las autoridades a prevenir la participación de menores en actividades delictivas, actualmente no existe un protocolo federal específico para combatir el reclutamiento por parte del crimen organizado, por lo que busca fortalecer la respuesta institucional mediante acciones coordinadas entre las dependencias de seguridad.
