Tras más de un año de litigio, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un fallo definitivo en un caso de violencia política en razón de género, derivado de una denuncia presentada en marzo de 2024 por una ex candidata a diputada federal.
El tribunal resolvió sancionar a dos personas, un empresario y un comunicador del estado, por ejercer violencia que afectó el ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante. La sentencia incluye la inscripción de los responsables en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, así como a una tercera persona vinculada a uno de los acusados.
La resolución se da luego de que la Sala Superior del TEPJF ordenara revisar a fondo las pruebas del caso, en cumplimiento con los principios de exhaustividad que exige el debido proceso. El artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones para quienes ejerzan violencia que limite o menoscabe el ejercicio de derechos políticos de las mujeres.
Desde el Congreso local, una legisladora que preside la Comisión de Seguridad y Protección Civil expresó su respaldo a la resolución y reiteró su compromiso con la legalidad y las instituciones. Además, reconoció la valentía de quienes alzan la voz ante actos de violencia política de género, y subrayó la necesidad de transformar el ámbito político en un espacio libre de agresiones.
“La política debe ser un espacio seguro y equitativo para todas”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a partidos, instituciones y actores políticos a asumir su responsabilidad en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
