El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este jueves en primera discusión un proyecto de ley de amnistía propuesto por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, dirigido a presos políticos de los últimos 27 años de gobiernos chavistas, con exclusiones explícitas para delitos graves.
La iniciativa, denominada “ley de amnistía para la convivencia democrática”, fue avalada por unanimidad en el primero de los dos debates requeridos por la legislación venezolana. El proyecto consta de 13 artículos y establece principios generales para su aplicación e interpretación, aunque el contenido específico no fue presentado públicamente durante la sesión.
El texto fue entregado al Legislativo por el diputado Jorge Arreaza, excanciller y actual legislador chavista, quien precisó que la amnistía no aplicará a personas procesadas o condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción ni tráfico de drogas.
Durante el debate, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la propuesta bajo el argumento de la reconciliación nacional y sostuvo que el país requiere un proceso de “sanación” tras años de confrontación política. Legisladores oficialistas insistieron en la necesidad de liberar a detenidos vinculados a hechos políticos recientes, incluido el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados tras el ataque del 3 de enero de 2026, atribuido al gobierno de Estados Unidos.
Desde la oposición, diputados respaldaron el avance de la ley, pero exigieron que el texto final incluya garantías claras para evitar represalias contra las personas que sean excarceladas y permitir su reincorporación plena a la vida pública. Tomás Guanipa y David Uzcátegui coincidieron en que la amnistía debe ajustarse a estándares internacionales y contemplar mecanismos de verdad y reconocimiento a las víctimas.
El debate legislativo ocurre en paralelo a un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero. De acuerdo con la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido liberados desde esa fecha, aunque cifras oficiales elevan el número a 895 desde noviembre y niegan la existencia de presos políticos en el país.
La ley deberá pasar a una fase de consultas y posteriormente a un segundo y último debate, en el que será discutida artículo por artículo antes de su eventual aprobación definitiva.
