La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aprobada por el Senado, busca sancionar el uso de la identidad gráfica y elementos oficiales del Gobierno para cometer fraudes, particularmente mediante contenidos generados o alterados con Inteligencia Artificial.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la modificación no establece sanciones para memes, sátira política, parodias u ofensas personales. Explicó que el objetivo es perseguir casos en los que se utilice la imagen o voz de funcionarios, o logotipos oficiales, para inducir a personas a entregar dinero o realizar alguna operación fraudulenta.
La disposición aprobada establece penas de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación, cuando exista intención de cometer un ilícito.
Sheinbaum explicó que uno de los supuestos que busca atender la reforma es la creación de videos mediante Inteligencia Artificial en los que se suplante la identidad de funcionarios para promover inversiones, cuentas bancarias o servicios inexistentes.
La presidenta señaló que también se busca establecer un mecanismo jurídico que permita sancionar este tipo de fraudes y recuperar los recursos de las personas afectadas.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la modificación contempla el uso indebido de elementos que permitan hacer pasar una comunicación o servicio como oficial cuando en realidad no proviene de una institución pública.
La reforma también incorpora disposiciones relacionadas con la protección de la propiedad industrial y la piratería.
El punto central de la modificación es que el uso de elementos institucionales debe estar vinculado con una conducta orientada a inducir al error o engaño y con la intención de cometer un ilícito.
