Un juez federal de Nueva York denegó la solicitud de libertad bajo fianza al músico y productor Sean Diddy Combs, quien espera sentencia el próximo 3 de octubre tras ser hallado culpable de violar la Ley Mann por transportar mujeres con fines de prostitución.
El juez Arun Subramanian argumentó que Combs, de 55 años, no logró demostrar que no representa un peligro para la sociedad ni que su caso sea “excepcional”, como alegaba la defensa. En una resolución de dos páginas, el magistrado también subrayó la existencia de pruebas contundentes que pesan sobre el artista, además de antecedentes de violencia en sus relaciones personales, que —según se aceptó durante el juicio— ocurrieron “a puertas cerradas”.
El fallo responde a la petición del equipo legal de Combs, que ofreció una fianza de 50 millones de dólares respaldada por una mansión en las afueras de Miami. Según sus abogados, los hechos involucraban actos consentidos entre Combs y las mujeres implicadas —la cantante Cassie Ventura y otra mujer cuya identidad no ha sido revelada— y por tanto no debieron ser juzgados bajo la Ley Mann.
“Básicamente, a Sean Combs lo han condenado por utilizar los servicios de una trabajadora sexual, y eso ya no se procesa”, declaró su abogado Marc Agnifilo a Variety.
La Ley Mann, también conocida como la “ley contra la trata de blancas”, fue promulgada en 1910, pero reformada en 1978 y 1986 para enfocarse exclusivamente en casos de prostitución y delitos sexuales ilegales. El jurado halló culpable a Combs tras un juicio de ocho semanas, pero lo declaró no culpable de los cargos más graves: conspiración para crimen organizado y tráfico sexual, que podían acarrearle cadena perpetua.
La Fiscalía se opuso firmemente a la liberación bajo fianza, citando el riesgo de fuga y la peligrosidad del acusado. El juez coincidió con esa postura.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites legales en torno a la sexualidad, el poder, y la figura pública de los artistas en Estados Unidos, en un contexto donde cada vez más celebridades enfrentan acusaciones por delitos graves relacionados con abuso de poder y explotación.
