El Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro fijó postura frente al anuncio del Poder Ejecutivo estatal de vetar la denominada Ley de Identidad de Género, al considerar que dicha decisión está basada en argumentos “tendenciosos” y en una narrativa de desinformación que ignora criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A través de un posicionamiento político, las y los legisladores morenistas señalaron que la reforma al Código Civil no responde a intereses partidistas, sino a una exigencia histórica de colectivos y organizaciones civiles queretanas, así como a iniciativas impulsadas por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.
La bancada recordó que la Suprema Corte ya ha reconocido el derecho de las personas a adecuar su identidad de género y modificar sus documentos oficiales mediante procedimientos administrativos, sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.
“Lo aprobado por esta Legislatura busca otorgar certeza jurídica a una realidad social existente en Querétaro”, sostuvo Morena, al advertir que la ausencia de un mecanismo legal puede generar vacíos en temas patrimoniales, familiares, administrativos y de responsabilidades frente a terceros.
Las y los diputados también rechazaron las versiones que afirman que la reforma permitiría el acceso de menores de edad a este procedimiento. Precisaron que el artículo 131 Ter, fracción II, establece de manera explícita que únicamente las personas mayores de edad podrán realizar el trámite.
“La redacción es clara y no deja espacio a interpretaciones: las y los menores no pueden acceder a este procedimiento”, enfatizó el grupo parlamentario.
Asimismo, lamentaron que el gobernador haya calificado la iniciativa como producto de “grupos radicales”, pese a que —aseguraron— el dictamen fue construido mediante trabajo en comisiones, foros abiertos y consultas con especialistas, además de recibir respaldo de cinco de las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluido el PAN.
“El debate público debe darse con responsabilidad jurídica y sin descalificaciones ideológicas”, señalaron los legisladores morenistas, quienes consideraron que etiquetar como “radical” cualquier avance en derechos humanos representa una postura regresiva frente a una sociedad plural.
Finalmente, Morena reiteró su disposición al diálogo institucional, aunque pidió que éste se construya “sin insultos, sin etiquetas y poniendo por delante los derechos fundamentales de todas las personas”.
“La transformación social no se detiene por decreto ni por veto político. Los derechos reconocidos por la Constitución y la Suprema Corte seguirán siendo exigidos por la ciudadanía”, concluyó la bancada.
