EFE / La denuncia de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, contra el presidente, Daniel Noboa, y otros miembros de su administración por presunta violencia política de género contra ella quedó temporalmente paralizada en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) después de la Presidencia ha recusado al juez sobre el que recayó esta causa.
Ante la recusación presentada por la asesora presidencial Diana Jácome, que se encuentra entre los denunciados por la vicepresidenta, el juez Fernando Muñoz ordenó en un escrito “suspender los plazos y términos para la tramitación de la presente causa, hasta que se resuelva el incidente de recusación interpuesto”.
En el documento publicado por el magistrado no se especifican las razones esgrimidas por Jácome para solicitar su separación del caso.
El juez Muñoz admitió la demanda de Abad a trámite la pasada semana y había fijado para el 12 de septiembre la audiencia de evaluación de la denuncia, con la presencia de las dos partes.
Previamente, cuando la demanda fue presentada el 8 de agosto, Muñoz fue destituido como presidente del TCE y en su lugar fue designada Ivonne Coloma. Muñoz no aceptó su remoción y denunció el caso ante la Fiscalía por una supuesta usurpación de funciones.
La demanda de la vicepresidenta podría ser considerada como una “infracción electoral muy grave”, que se sanciona con la destitución y/o suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años y una multa.
Este episodio es parte del enfrentamiento abierto que mantienen Noboa y Abad desde incluso antes de asumir el poder, con un distanciamiento que comenzó durante la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ganadas por el empresario.
En distintas declaraciones públicas, la vicepresidenta ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto hostigamiento contra ella para forzarla a dimitir y así evitar que deba asumir las funciones presidenciales de manera temporal cuando el mandatario deba delegar el cargo para participar en la campaña electoral de las elecciones de 2025, donde buscará su reelección.
Algunos miembros de la administración de Noboa como el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, han llegado a decir que “sería nefacto” que Abad asumiese temporalmente las funciones presidenciales.
En una de sus primeras decisiones como presidente, Noboa envió a Abad como embajadora de Ecuador en Israel con la misión de buscar la paz entre Israel y Palestina, una tarea que habría supuesto eventualmente su destitución en caso de haberse negado.
La distancia no calmó la pugna entre ambos, pues el Gobierno votó a favor de levantarle la inmunidad para que fuese investigada por la Fiscalía en un caso de presunta corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia, lo que no llegó a suceder por los votos en contra de la oposición.
Ese caso se inició con la denuncia de un exfuncionario de la Vicepresidencia que aseguraba haber sido contratado con la condición de ceder parte de su sueldo al hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, quien fue detenido y estuvo alrededor de 20 días en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, hasta que salió en libertad bajo fianza de 20.000 dólares.
A ello se sumó después la denuncia presentada contra Abad en el TCE por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que la acusa de haber hecho campaña antes de tiempo cuando en las elecciones locales de 2023 era candidata a alcaldesa de la sureña ciudad andina de Cuenca.
Durante su estancia en Tel Aviv, la vicepresidenta también ha denunciado encontrarse en una situación de riesgo por el conflicto en ese país y ha acusado a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humanada, Gabriela Sommerfeld, de negarle un pedido de ausentarse cinco días del cargo por motivos personales.