La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) instó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su presidenta, Guadalupe Taddei, a respetar las suspensiones judiciales otorgadas para detener el proceso de elección judicial programado para el 1 de junio.
A través de un comunicado, la JUFED expresó un llamado “respetuoso, pero firme” para que el INE cumpla con su obligación constitucional y acate las resoluciones de amparo concedidas.
“La Constitución y la Ley de Amparo no son negociables. Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales”, afirmó la organización.
La JUFED también rechazó los señalamientos que califican como “perversa” la advertencia de las consecuencias legales del incumplimiento de estas resoluciones. Indicaron que dichas advertencias no constituyen amenazas, sino recordatorios del marco normativo vigente que establece la obligatoriedad de las suspensiones.
Base Constitucional y Legal
El comunicado destacó que el artículo 107 de la Constitución establece la obligación ineludible para cualquier autoridad de cumplir con las suspensiones otorgadas en amparo. Además, subrayaron que la Ley de Amparo define claramente las consecuencias legales derivadas del desacato, incluyendo la responsabilidad de quienes ejecuten actos contrarios a las resoluciones judiciales.
“La falta de cumplimiento de estas suspensiones representa una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia”, advirtió la organización encabezada por la jueza Juan Fuentes.
Protección a la Ciudadanía
La JUFED también rechazó que sea una amenaza alertar a la población sobre los riesgos legales que implica participar como funcionario de casilla en una elección judicial impugnada. Señalaron que este llamado tiene un carácter preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe enfrenten vulnerabilidades jurídicas derivadas de decisiones que deberían ajustarse plenamente al marco legal.
“El respeto a la legalidad no es una opción, sino una obligación que garantiza la confianza en nuestras instituciones y en el Estado de derecho”, concluyó la organización.
