La organización Greenpeace Internacional anunció este sábado que solicitará un nuevo juicio y, de ser necesario, apelará ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte, tras la sentencia que la condena a pagar 345 millones de dólares a la empresa Energy Transfer.
La decisión judicial confirma el veredicto emitido en marzo de 2025 por un jurado estatal, que consideró responsables a tres entidades vinculadas a Greenpeace por la mayoría de los cargos presentados por la compañía energética.
Energy Transfer, dedicada al transporte de gas natural y propano, demandó a la ONG por supuestamente “incitar” las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del Dakota Access Pipeline, un proyecto que generó una amplia movilización social y atrajo atención internacional.
El origen del conflicto
Las protestas en Standing Rock se convirtieron en uno de los mayores movimientos de resistencia indígena en Estados Unidos en décadas. Los manifestantes denunciaban que el oleoducto amenazaba fuentes de agua y territorios ancestrales.
Energy Transfer sostuvo en su demanda que Greenpeace desempeñó un papel clave en la organización y promoción de las manifestaciones, lo que, según la empresa, derivó en pérdidas económicas y daños a su reputación.
Greenpeace denuncia una demanda “mordaza”
Desde la ONG calificaron el proceso como un intento de silenciar la disidencia y debilitar el activismo ambiental. La organización acusa a la compañía de recurrir a una demanda de tipo SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una Demanda Estratégica contra la Participación Pública.
Según Greenpeace, este tipo de litigios buscan asfixiar económicamente a organizaciones sin fines de lucro y activistas mediante elevados costos judiciales, con el objetivo final de frenar la crítica pública.
Greenpeace Internacional, con sede en Países Bajos, ha iniciado además acciones legales en Europa amparándose en la legislación neerlandesa y en la nueva directiva anti-SLAPP de la Unión Europea.
Reacciones
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, afirmó en un comunicado que “esta sentencia refleja un mundo fracturado”.
“Hoy nos enfrentamos a la dolorosa ironía de una realidad al revés: aquellas personas que luchamos por un mundo más verde, más justo y más pacífico somos criminalizadas, mientras que quienes lo contaminan con sus combustibles fósiles viven con total impunidad”, añadió.
Próximos pasos
Greenpeace aseguró que agotará todas las instancias judiciales disponibles en Estados Unidos y en Europa para revertir la condena, en un caso que podría sentar precedentes sobre los límites de la protesta social y la responsabilidad legal de las organizaciones que respaldan movilizaciones ciudadanas.
La disputa reabre el debate sobre el uso de demandas multimillonarias contra organizaciones civiles y el impacto que estos procesos pueden tener en la libertad de expresión y el activismo ambiental.
